El Registro de Turismo de la Junta de Castilla y León incluye 625 pisos y viviendas turísticas en la ciudad. De ellas 100 ya han iniciado los trámites para obtener licencia municipal mientras que otras 300 tendrán que darse de baja porque de entrada incumplen un requisito obligatorio en este momento en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU): ubicarse en un bajo o en una primera planta.
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A 47 de ellos ya se le ha comunicado la baja, según fuentes municipales, después de haberse ejecutado cerca de 150 controles a los que se suma otro centenar en cartera.
Los titulares de los establecimientos tienen mucha tarea por delante, ya que tendrán que ajustarse a las condiciones que impondrá la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de los Apartamentos y las Viviendas de Uso Turístico.
Los grupos políticos recibieron el borrador del texto este jueves para iniciar el debate en las comisiones de Policía y Fomento del martes y miércoles próximos.
Atendiendo a esta documentación enviada a los grupos, los propietarios están obligados a presentar licencia ambiental, que se otorgará después de elaborar un proyecto básico en el que se describa la actividad con las fuentes de emisiones, el tipo y su magnitud, incidencia de la actividad en el medio y las medidas correctoras.
Los pisos y las viviendas turísticas tendrán calificación de uso terciario y hotelero, por eso los titulares tendrán que presentar en el Ayuntamiento una comunicación ambiental con los planos firmados por técnicos y pagar las tasas correspondientes.
Durante este trámite el Consistorio informará de la iniciativa a la comunidad de vecinos que, según la Ley de Propiedad Horizontal, podrá negarse a que se abra el negocio con el voto unánime de los propietarios o de tres quintos de los vecinos, punto que el Gobierno ha anunciado que tiene intención de modificar.
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Otra de las novedades de la ordenanza será la creación de un registro municipal. Un listado público en el que se inscribirán de oficio todos los alojamientos con licencia.
Cualquiera podrá consultar el número de actividad, la fecha de inscripción y los datos de titular, entre otros, para verificar que el establecimiento cumple los requisitos y, en caso contrario, poder denunciar ante la Policía Local, que asumirá el control.
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