Las actuaciones en la parcela del antiguo Parque de Maquinaria, ubicadas junto al río Tormes en la zona de Huerta Otea, no acabaron con la demolición del año pasado.
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El Ayuntamiento tiene que retirar ahora la pavimentación de la parcela tras el dictamen del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), una solera que ya se encontraba en la zona antes de la construcción de la infraestructura municipal.
Por eso el Consistorio ha sacado a contratación la obra por 169.543 euros, incluido el IVA, para que se retire la pavimentación, pero también para que se ejecute un acondicionamiento natural de la parcela.
El terreno tiene una superficie de 14.500 metros cuadrados, pero la actuación se centrará en el espacio ubicado a 100 metros del cauce delimitado por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), lo que supone una superficie de 13.000 metros cuadrados.
Según el pliego publicado en el Perfil del Contratante, en el espacio vallado cercano al cauce existe un muro de fábrica de ladrillo que debe demolerse, para reponerlo posteriormente.
Además, una vez retirados y gestionados los residuos de la demolición, la empresa debe trabajar en la superficie para dejar el solar en tierra natural, lo que conlleva que el terreno vuelva a su estado anterior.
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La firma adjudicataria además deberá desmontar las instalaciones de agua potable, saneamiento y electricidad, entre otras. Debe demoler las cimentaciones existentes, así como el pavimento de la urbanización de la zona. También será obligatoria la carga y descarga de los residuos de hormigón para su gestión y el material de relleno para su posterior explanación en la parcela, todo esto en el plazo de un mes.
Cabe recordar que el Consistorio abordó en mayo del año pasado el derribo de las instalaciones tras más de una década de autorizaciones y denegaciones de permisos, contenciosos y fallos judiciales.
Finalmente la Administración municipal cumplió el 25 de mayo de 2023 la demolición de las instalaciones tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y del Tribunal Supremo, que instó al Consistorio a acometer el derribo basándose en que la autorización para construir las instalaciones por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) no incluyó informes técnicos.
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Así, el Consistorio primero abordó a finales de 2022 el traslado de la maquinaria y las oficinas a una parcela del Polígono El Montalvo, para iniciar después los trabajos previos a la demolición de las instalaciones con la recuperación de los materiales y elementos que podían tener una segunda vida útil.
Según el Ayuntamiento de Salamanca, el cumplimiento de las sentencias ha supuesto un coste para el Ayuntamiento de Salamanca de 6,8 millones de euros «por un error de la CHD en la autorización», por lo que la institución local reclamará esta partida a la entidad gestora del cauce para cubrir los gastos del derribo de la antigua depuradora ubicada en la parcela, la estación de gas y las edificaciones.
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