Una veintena de casas, en lista de espera para conseguir una segunda vida

Según los datos aportados por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, habría otras seis viviendas en licitación (Peñarandilla, San Muñoz, Madroñal, Pelabravo, Sorihuela y San Pedro del Valle); cinco cuya memoria está en proceso de redacción (Pedraza de Alba, Garcibuey, Villalba de los Llanos, Bañobárez y Boada) y otras cinco más que se encuentran en ejecución (Montejo, Puebla de Yeltes, Castillejo de Martín Viejo y Béjar, donde se localizan dos).

Entre los inmuebles que siguen en lista de espera estarían las casas parroquiales de Peralejos de Abajo, El Cubo de Don Sancho, Montemayor del Río, Montejo, Mogarraz y Calzada de Valdunciel, que se recuperarán gracias al convenio que el pasado mes de septiembre firmaron el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo, José Luis Retana. En concreto, este acuerdo permitirá incorporar al parque público de la Junta viviendas que se encuentran en el medio rural y que son propiedad de la Iglesia con el fin de ayudar a personas que por su situación personal, social o económica no pueden acceder a una casa en el mercado libre.

También están pendientes de rehabilitación otra veintena de inmuebles en Aldehuela de Yeltes; Pedrosillo de los Aires; Castillejo de Salvatierra; Navarredonda de la Rinconada; Sanchotello; Valdelosa; La Fregeneda; Bóveda del Río Almar; Garcihernández; Villares de Yeltes, San Morales y dos antiguas viviendas en Ledesma, después de que sus respectivos consistorios hayan presentado una solicitud a la Junta.

El programa Rehabitare cuenta con una serie de criterios a la hora de seleccionar las viviendas que serán objeto de actuación. En concreto, el inmueble debe ubicarse en un municipio con menos de 5.000 habitantes, tiene que ser de titularidad municipal y estar libre de cargas y gravamen.

El Consistorio tiene también que justificar la existencia de personas demandantes de vivienda en la localidad a través del Registro Público de demandantes de vivienda de protección pública de Castilla y León.

En cuanto al coste de la rehabilitación, no podrá exceder los 40.000 euros más IVA y, en el caso de superarse esta cuantía, el Ayuntamiento del municipio en el que se encuentre la vivienda deberá financiar el resto de la actuación.

Tendrán preferencia para acogerse al programa los inmuebles que ostenten un mayor valor arquitectónico.

La Junta de Castilla y León dispone que las personas que accedan a estas viviendas de alquiler social deben establecer en ellas su domicilio habitual y permanente y también fija la renta a abonar por el arrendatario, que no podrá exceder de una tercera parte de sus ingresos ni de 2 euros por metro cuadrado útil de la vivienda, una vez rehabilitada.

Tendrán prioridad los colectivos de especial protección, con preferencia para los jóvenes menores de 36 años.