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Béjar
Jueves, 9 de mayo 2024, 14:30
Los trabajadores del albergue de Llano Alto de Béjar manifestaron este jueves su malestar por el despido previsto por la Junta de Castilla y León para trece trabajadores del centro por las obras que se van a desarrollar en las instalaciones durante aproximadamente un año.
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Los trabajadores afectados, compañeros y representantes del comité de empresa han participado esta mañana en un acto informativo en el que han puesto de manifiesto su contrariedad por las formas en las que se ha llevado a cabo el proceso de unas instalaciones dependientes del área de Cultura y Deportes del ejecutivo autonómico.
Una de las afectadas, Blanca Rodero, ha sido la encargada de leer un comunicado de los trabajadores en el que se recoge: «nos despiden por obras en el albergue. Obras que no van a solucionarla problemática del centro. No van a abordar las inundaciones en la cocina cada vez que llueve y que nos obliga a achicar agua entre aparatos eléctricos enchufados».
Según señala el comunicado, ha habido cuatro reuniones con la administración por parte del Comité de empresa y la realidad que transmiten es: «ninguna posibilidad de negociar. Ha sido una imposición, más bien».
Los trabajadores se quejan de que no se han enterado aún de forma oficial del despido colectivo previsto por la Junta, que se hará efectivo el 1 de junio: «nadie de la administración ha venido a dar la cara, su decisión estaba tomada desde el año 2022 y han creado plazas que iban a destruir. Nosotros hemos cumplido con nuestro trabajo y, al contrario, hemos encontrado trabas al trabajo, malas condiciones y recursos escasos».
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«Tenemos constancia de que ha habido propuestas. Sólo solicitamos que nos respeten nuestros puestos de trabajo y hay una posibilidad de ERTE o de reubicación. Pedimos seguir desempeñando nuestro puesto de trabajo en otro centro o con la posibilidad de volver, respetando nuestro contrato cuando acaben las obras», señalan. «No se ha contemplado la posibilidad de ERTE. Los trabajadores estábamos dispuestos a estar en el paro pero con la condición de volver y finalizar nuestro contrato cuando acabaran las obras, pero la administración no nos ha escuchado, rechazando cualquier propuesta».
Los trabajadores aseguran sentirse engañados por la falta de información, salvo por una llamada «y no por parte de la administración para decir que cojamos las vacaciones porque no nos las van a pagar alegando que este mes el albergue empieza con la mudanza y no tiene usuarios». «No ha venido nadie de la administración de forma oficial pero, a modo particular, los políticos que nos echan a la calle hacen uso de las instalaciones imponiendo su uso. Mandan a trece personas al paro cuando, supuestamente, la administración propone crear puestos de trabajo y no destruirlos», continúa el escrito, donde se señala que «no entendemos que habiendo opciones contrarias al despido colectivo, que no creemos que sea legal, sea la opción correcta».
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Los trabajadores manifiestan su intención de «luchar con toda la fuerza por lo nuestro, incluso por un despido nulo si es que no atienden nuestras propuestas». Piden que se respeten los contratos que tienen firmados a día de hoy y que están en vigor y que se reconsidere la decisión tomada.
También estuvo presente la presidenta del Comité de empresa, Raquel Martín, que considera los despidos ilegales, injustificados e injustos. Los consideran ilegales al no cumplirse los requisitos para realizar un despido colectivo: no implica a más de 30 trabajadores no al 10% de la empresa, que es la Junta de Castilla y León. También presentaron varias propuestas alternativas y, según señaló. la Consejería las ha descartado sin valorar si eran viables o no (movilidad geográfica o plan de ordenación de recursos humanos, entre otras). «Nadie les ha notificado a los trabajadores que les van a despedir y a nosotros nos dijeron que primero les iban a abonar la indemnización del despido y después les comunicarían por escrito que quedaban despedidos», señalaba, definiéndolo la situación como «hechos consumados». Estamos planteando una movilización en la Junta de Castilla y León para dar visibilidad, pero esto es una decisión que ya está tomada y vemos que hay poca posibilidad. Si hubieran querido hacer algo no se hubieran esperado a estar con los plazos justos cuando en algunos medios ya se hablaba del cierre de Llanoa Alto hace un año«, concluyó.
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Por su parte, la Junta de Castilla y León señala: «en ningún momento desde la Consejería se plantea un desmantelamiento o privatización de una instalación como la de Llano Alto. Todo atiende a un proceso de modernización a aprovechando los fondos europeos, como se están haciendo en otras instalaciones también dependientes de la Junta. La única diferencia que en este caso se va a realizar una intervención integral. La obra ya está adjudicada y tiene un plazo de ejecución de un año. Ante la necesidad de cerrar el centro y suspender la actividad por un periodo no inferior a 12 meses, la decisión de proceder al despido de los trabajadores temporales, dado que es inasumible que los trabajadores cobren sin trabajar, es la única solución posible«.
Añaden fuentes de la Consejería que: «el ERTE suspensivo es imposible, ya que la normativa, modificada a instancias del Gobierno de España (PSOE y Podemos/Sumar), prohíbe esta posibilidad en las administraciones públicas, lo que ha perjudicado a estos trabajadores. Por otra parte la movilidad geográfica de los trabajadores temporales del centro tampoco es posible, puesto que el convenio colectivo vigente en la Administración de Castilla y León solo recoge esa posibilidad para los trabajadores fijos, no siendo posible vulnerar el mismo«.
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A lo largo de la jornada, se han sumado nuevas muestras de apoyo a los trabajadores de Llano Alto, como el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Béjar, que ha hecho público un comunicado en este sentido.
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