


Secciones
Destacamos
Viernes, 3 de febrero 2023, 20:59
La riada del pasado 8 de enero se llevó por delante las infraestructuras de muchos municipios de la provincia y los daños están pasando factura ahora a los ayuntamientos. En Miranda de Azán y Aldeatejada, dos de las localidades más dañadas por la avenida de agua, han tenido que hacerse cargo de los gastos generados por las necesarias reparaciones, mientras expresan su malestar por la tardanza burocrática de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), que instó a los ayuntamientos a presentar con la “máxima agilidad” sus planes de limpieza para los tramos urbanos de los cauces tras la avenida de agua, pero sin embargo se ha demorado más de 20 días en algunos casos en dar trámite y contestación a esas mismas peticiones.
“De Miranda de Azán no se ha vuelto a acordar nadie desde la riada”, denuncia José Luis Sánchez, regidor del municipio: “A la Confederación le mandamos el plan de limpieza del cauce de manera inmediata y nos ha contestado el 27 de enero para pedirnos más documentación para identificar la parcela que se iba a limpiar y un croquis de la misma. La limpieza la hicimos justo después de la riada porque los días 14 y 15 estaba anunciada otra borrasca importante”.
La limpieza, explica el alcalde, se ha realizado en el tramo urbano, de puente a puente, que es el de competencia municipal. Además, también se ha consolidado con una obra de urgencia el puente más dañado, con reparaciones en su talud. “Era algo inaplazable por si hay otra avenida de agua”, insiste Sánchez.
Un matiz diferente llega a la hora de hacer frente económicamente a las reparaciones. La llegada de posibles fondos estatales para la recuperación cuenta con dos vertientes, una más rápida que tiene como base legal el Real Decreto 307/2005, que regula subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia, por ejemplo que los consistorios hayan tenido que acometer contratos de urgencia.
La otra vía es la declaración por parte del Consejo de Ministros de zona catastrófica, algo que requiere contar con una valoración de los daños, un proceso que se antoja más lento. “Ya hemos pedido la ayuda del Real Decreto de 307/2005 porque siempre está activa y con ella pagaremos el alquiler de un dumper y de una retroexcavadora que contratamosr, así como las horas extra de los trabajadores”, indica el primer edil de Miranda.
Por otra parte, las aseguradoras han comenzado esta semana a pagar a los primeros afectados por los destrozos en sus viviendas, un proceso en el que seguirán en las próximas semanas.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Sigues a EÑE. Gestiona tus autores en Mis intereses.
Contenido guardado. Encuéntralo en tu área personal.
Reporta un error en esta noticia
Necesitas ser suscriptor para poder votar.