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Domingo, 3 de julio 2022, 12:30
El anuncio a quienes son los afectados, un total de 13 propietarios, por las expropiaciones para poder ejecutar el futuro carril bici que una la capital salmantina con el municipio de Villamayor de Armuña es el primer paso firme para el desarrollo de esta infraestructura, muy demandada tanto por los vecinos como por el Consistorio para garantizar la seguridad de los usuarios en sus desplazamientos entre ambos núcleos.
El futuro carril bici y peatonal tendrá una distancia total de 2,8 kilómetros y discurrirá por el margen derecho de la carretera SA-300 desde la rotonda de Pizarrales en Salamanca en dirección a Villamayor, hasta completar el casco urbano. Una vía que permitirá mejorar la accesibilidad y dar mayor fluidez al tránsito entre vehículos y peatones, además de ser el principal nexo de comunicación entre ambas localidades.
Aunque inicialmente el proyecto incluía la creación del carril bici hasta Valverdón, y su conexión con el tramo de carril bici existente en Valcuevo, finalmente esta idea se descartó por la inviabilidad de cubrir el coste de la construcción, que superaría el millón de euros. Ahora el siguiente paso es el que acaba de anunciarse con las expropiaciones que permitirán que la Junta consiga los terrenos para la ejecución del víal. La formalización del convenio para ver las cuantías que asumirá cada institución será otro de los pasos que habrá que formalizar.
La previsión es que el Consistorio asuma el 60% del coste y el 40% restante corra a cargo de la Administración regional. Las primeras estimaciones calculaban en cerca de 300.000 euros la inversión necesaria.
La SA-300 enlaza Salamanca con Ledesma y forma parte de los itinerarios preferentes de la Red Complementaria de la Comunidad. El tráfico que soporta el tramo previsto para el carril bici es de 9.378 vehículos diarios, tal como recoge la Memoria del Plan Regional de Aforos de 2018 de la Consejería de Medio Ambiente.
Una vez realizada la información pública, la aprobación definitiva del proyecto, al ser relativa a una carretera regional incluida en un catálogo aprobado, implicará la declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición de derechos correspondientes, y la urgencia a los fines de expropiación forzosa, de ocupación temporal o modificación de servidumbre.
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