Más veterinarios que médicos en los pueblos

“Me parece muy bien que tengamos servicio veterinario 24 horas, pero que lo pague la ministra que corresponda. Yo soy la primera en defender a los animales, pero me parece más interesante que nuestros vecinos tengan médico las 24 horas lo más cerca posible”, señala Nieves García, alcaldesa de Sorihuela, mostrando su malestar por una de las últimas leyes aprobadas en el Congreso de los Diputados que a su juicio y el de otros alcaldes no hace más que dar problemas a los ayuntamientos y pocas soluciones.

Ella misma recuerda que “cuando se han extraviado animales nos hemos encargado de recogerlos y hemos llamado a la protectora de animales. Nos costaba dinero a los ayuntamientos y lo hacíamos ya sin necesidad de leyes sin sentido como esta”. Y es que la regidora de Sorihuela saca a colación otras cuestiones impulsadas por este Gobierno que no concuerdan con su forma de pensar o sus creencias. Habla, por ejemplo, del tema del aborto, que se facilita sin cortapisas a la vez que se obliga a los ayuntamientos a velar 24 horas por la atención de los animales que puedan extraviarse en su municipio.

La alcaldesa compara la atención sanitaria a los vecinos con este nuevo servicio y muestra su malestar al demandar la mejor y más cercana atención médica a sus vecinos durante las 24 horas del día.

No es la única que opina en este sentido y alcaldes como el de Santibáñez de Béjar, Roberto Muñoz, han expresado su descontento al indicar que “el mundo está al revés”. También Javier Valencia, de Peñacaballera, habla de que esta ley, como otras muchas, se hace “desde el más puro desconocimiento”. Su vecino Ángel Miña, de Puerto de Béjar, cree que este tipo de normas no son las que se deberían aplicar en el medio rural: “No nos podemos hacer cargo de ello. No estamos en contra del bienestar animal pero, para sitios como los nuestros, pueblos pequeños, no hay que ser muy listo para ver que no es viable. Espero que rectifiquen porque si no, a ver qué hacemos”.

Desde Candelario, su alcalde, Pablo Hernández, cree que “cuando se presente el caso, el Ayuntamiento acudirá a una entidad de protección animal o privada de servicios veterinarios para que realice gestiones. Lo mismo que antes de esta norma, que también había que acudir a los servicios privados salvo los ayuntamientos muy grandes”. Precisamente, el desconocimiento de una norma que pasó el último trámite el jueves en el Congreso de los Diputados es un denominador común en prácticamente todos los ayuntamientos y, también, el malestar por la obligatoriedad de ofrecer un nuevo servicio que impone más gastos en municipios pequeños donde ya van justos de presupuesto. David Luengo, de Montemayor del Río, señala que “no sé cómo vamos a hacer porque supone un gasto y una infraestructura que no tenemos los ayuntamientos pequeños”. “No es asumible para un pueblo pequeño. No hay médico pero sí veterinario las 24 horas”, considera Ángel Mesón, de Cespedosa de Tormes.

La esperanza de muchos de estos municipios se encuentra en la Diputación provincial, que es la que ahora se encarga de recoger los animales extraviados a petición de los propios municipios. La norma permite contratar el servicio mancomunado, pero, en definitiva, supone un incremento de gasto con el que los ayuntamientos no contaban.

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