La localidad salmantina que lucha por la construcción de viviendas públicas desde hace más de 15 años

En un esfuerzo por abordar la creciente crisis de la vivienda, el Ayuntamiento de Calvarrasa de Arriba es otro de los municipios de la provincia que ha solicitado a la Junta de Castilla y León la construcción de una promoción de viviendas públicas. «Una petición que llevamos trabajando e insistiendo desde hace más de 15 años», asegura el regidor de la localidad, Julián Mateos.

Esta solicitud surge como respuesta a la intensa demanda de los vecinos, quienes han expresado su preocupación por la falta de opciones asequibles en el mercado o el alto precio del terreno privado en venta. «Desde el primero momento hemos sido conocedores del interés y los problemas que hay en nuestro municipio por comprar viviendas y, por ello, cada principio de año solicitamos a la institución autonómica que se construya alguna promoción», explica Mateos.

Tal es la demanda que, «hay entre treinta y cinco y treinta y ocho peticiones de vecinos interesados en una futura promoción», confirma el regidor. Por ello, «sería ideal un proyecto que incluya entre unas quince o veinte viviendas para dar solución a la demanda existente», apunta.

Ante esta problemática para los vecinos, el regidor defiende que son «un municipio cercano a la capital, ya que estamos a solo siete kilómetros, y nunca se ha ejecutado una promoción de vivienda pública en nuestra localidad». En este punto, Mateos recuerda que, además, «hace años, allá por el 2010, la Junta de Castilla y León nos concedió unas viviendas protegidas que nunca se construyeron».

«Desde el Ayuntamiento cedimos los terrenos en la zona frente a la escuela, e incluso se firmó el convenio para levantar ocho viviendas en Calvarrasa de Arriba, un convenio en el que también estaban otros municipios como Anaya de Alba, Cantalpino y Montejo, pero las nuestras no se hicieron, ni siquiera las licitaron», lamenta.

Asimismo, Mateos denuncia que: «Es muy triste que hubo algunos de los pueblos donde se desarrollaron las viviendas públicas que no consiguieron venderlas y, en nuestro caso, nos quedamos sin ellas».

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