Las exigencias para retirar el amianto y controlar la calidad del agua ahoga a los pueblos de Salamanca por los altos costes

El endurecimiento de la legislación medioambiental está poniendo en aprietos a las arcas de muchos municipios de la provincia, especialmente de los más pequeños, que en muchos casos no saben cómo hacer frente a los gastos extra que les supone cumplir con todas las exigencias.

Así, por ejemplo, los cambios introducidos en la nueva normativa para controlar la calidad del agua de consumo humano en los pueblos hará que los gastos se multipliquen por cuatro, lo que pondrá en apuros a más de un consistorio en la provincia.

En concreto, la aprobación del Real Decreto 3/2023 ha supuesto importantes modificaciones, entre las que destacan el incremento de los llamados “análisis completos”, que se han multiplicado por cuatro en algunos municipios, o la realización de nuevas pruebas que hasta ahora no estaban previstas por los ayuntamientos, como son el “control operacional” (que permite una visión rápida de los problemas de calidad del agua y también una rápida intervención); la “caracterización de las aguas” (que facilita a los vecinos las características del agua) y los llamados “análisis lista de observación”, que implican la identificación de nuevos parámetros contaminantes que hasta ahora no se analizaban.

Esta mayor exigencia ha obligado también a la Diputación de Salamanca a multiplicar por cuatro el presupuesto que anualmente destina al convenio de colaboración que tiene con las diferentes entidades locales para el control del agua de consumo humano. Un esfuerzo extra que se ha traducido en los 1.200.000 euros que invertirá en ayudar a los 330 pueblos con los que tiene este acuerdo a financiar el 50% de los gastos.

El aumento de los controles, y también del gasto que supondrá para las arcas municipales, preocupa a alcaldes y concejales, aunque no es el único problema al que deben afrentarse. Otra de las obligaciones que mayores quebraderos de cabeza está provocando en los pequeños ayuntamientos es la ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados que, entre otras exigencias, obliga a elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, junto a un calendario con los plazos para su retirada.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha puesto de plazo a los ayuntamientos hasta este mes de abril para realizar ese inventario con el fin de que toda la uralita pueda ser retirada antes de 2028. Esta carrera contrarreloj ha obligado a intervenir también a la Diputación de Salamanca, que en este momento elaborará un estudio técnico para identificar todas estas instalaciones y emplazamientos.

Así, desde la institución provincial se ha solicitado ya presupuesto a varias empresas especializadas para realizar estos inventarios en los 349 municipios menores de 5.000 habitantes. Unos trabajos que desde la delegación de Medio Ambiente se cifran entre 145.000 y 235.000 euros y que también han obligado a la Diputación salmantina a realizar una modificación presupuestaria en su último pleno.

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