La zona de Monsagro clama por ayudas y turistas para superar la catástrofe

El próximo día 11 se cumplirá un mes desde que las llamas avanzaran sobre la sierra de Monsagro procedentes de Ladrillar (Cáceres) convirtiéndose en el mayor y más grave incendio de la provincia en lo que va de siglo, motivo que ha llevado a los pueblos afectados a pedir la declaración de “zona catastrófica”, clamando por ayudas y turistas para superar esta catástrofe.

Un incendio de Monsagro que llegó a prolongarse activo durante 22 días, alcanzando el nivel 2 de peligrosidad del Infocal y obligando a la evacuación de tres localidades, Morasverdes, Guadapero y el propio Monsagro, además de la congregación de monjes carmelitas del convento del Desierto de San José de Las Batuecas, extendiéndose sobre una superficie según la Junta de Castilla y León de 8.663 hectáreas.

Ahora, con buena parte de sus montes y pastos convertidos en ceniza, los pueblos piden al Gobierno la declaración de “zona catastrófica” con el objetivo de poder acceder a ayudas para la recuperación de un entorno natural y ganadero de gran valor en el suroeste de la provincia de Salamanca.

Un incendio que afecta a siete términos municipales de las localidades de Monsagro, Serradilla del Arroyo, Serradilla del Llano, Guadapero, Morasverdes, El Maíllo y La Alberca, pueblos que están realizando en la actualidad un balance de los daños y pérdidas.

En Monsagro, su alcalde, Francisco Mateos, señala que “aún no tenemos una estimación de las pérdidas económicas totales, aunque de momento ya se han perdido para las arcas municipales los 48.000 euros de la adjudicación recientemente realizada de una corta de pinos que ya no va a poder ser”.

Del mismo modo se expresa Alejandro García, regidor de Morasverdes, que señala que “más del 60 por ciento de las hectáreas del término municipal han resultado calcinadas por el incendio, lo que ha provocado la pérdida de pastos y el obligado traslado de los animales a otras zonas”.

Una declaración de “zona catastrófica” que debe ser realizada por el Gobierno central que, a través de la Subdelegación en Salamanca, ya está trabajando “en la recopilación de información sobre los datos, para su valoración y redacción de la declaración, viendo la afección a bienes públicos y privados, infraestructuras, animales y vías de comunicación”.

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