La Diputación de Salamanca alivia la economía de familias desfavorecidas al retrasar los impuestos

El Organismo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Salamanca, Regtsa, ha anunciado oficialmente que dará un respiro a la economía de las familias más afectadas por la crisis del coronavirus flexibilizando el periodo de pago de los tributos que pone al cobro a petición de los ayuntamientos de la provincia.

Concretamente las medidas puestas en marcha por La Salina están dirigidas al periodo de cobro voluntario de los impuestos. Por un lado, teniendo en cuenta que ya se puso a cobro el primer periodo de 2020 de tasas y precios públicos, Regtsa pospondrá hasta el mes de mayo el segundo periodo de cobro y ampliará el plazo para abonar los recibos de dos a tres meses. En el caso de los ayuntamientos que tengan establecido el pago del IBI en dos plazos, estos coincidirán con el tercer y cuarto periodo, es decir, se iniciará el 1 de junio y finalizará el 30 de noviembre.

Con estas modificaciones, en el segundo periodo del calendario fiscal, que irá del 4 de mayo al 31 de julio deberán abonarse el impuesto de vehículos, y tasas y precios públicos. En el tercero de los plazos, que transcurre entre el primero de junio y el último día de agosto, se pagarían además de las tasas y precios públicos el IBI completo para aquellos municipios que tienen un único plazo, y el primer periodo para los que abonan este impuesto en dos partes. En el último de los periodos, que va del día 1 de septiembre al 30 de noviembre, se pagará la segunda parte del IBI, el IAE y tasas y precios públicos.

Por otro lado, La Salina anunció que se pondrá en marcha un sistema de aplazamiento y fraccionamiento exprés en voluntaria para contribuyentes que formen parte de empresas que hayan cesado su actividad durante alguno de los periodos del estado de alarma, para empleados que hayan sido incluidos en algún proceso de regulación de empleo como ERTE y para unidades familiares que hayan sufrido la pérdida de alguno de sus miembros como consecuencia de la COVID-19.

Para agilizar la tramitación de los aplazamientos o fraccionamientos, según indicó la Diputación de Salamanca en un comunicado e prensa, solo se exigirán dos requisitos. Por un lado, la declaración responsable de que se encuentra en alguno de los supuestos contemplados y la domiciliación bancaria de los pagos. No será necesario la aportación de ninguna garantía para deudas inferiores a 30.000 euros.

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, señaló que este respiro que da la Diputación a los ayuntamientos no va a repercutir en las arcas municipales: “Los ciudadanos van a poder retrasar el pago de los impuestos pero a los ayuntamientos no les va a faltar liquidez. Tenemos un crédito que va a permitir adelantar ese dinero a los municipios para que no noten esa flexibilización de los periodos de cobranza”. Iglesias recordó que Regtsa es “un mero gestor de tributos de los ayuntamientos” y señaló que serán los pueblos los que se interesen por aplicar estos beneficios.

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