La justicia pone fin a 123 años de Bomberos en Ciudad Rodrigo

La medida cautelar adoptada por el Contencioso Administrativo ante la denuncia presentada por la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León pone fin mañana a 123 años al frente del Parque mirobrigense de la asociación Humanitaria de Bomberos Voluntarios de Ciudad Rodrigo.

La medida cautelar consiste en la suspensión del contrato de emergencia de la Diputación provincial de Salamanca para el sostenimiento del Parque Comarcal de Bomberos de Ciudad Rodrigo, algo que para la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León, está «en línea con su particular manera de entender la legalidad y las sentencias en relación a los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Cuerpos de Bomberos)».

De esta forma, la asociación mirobrigense dejará de prestar sus servicios a partir de la noche del lunes, aunque desde la Diputación se pide «tranquilidad, porque el servicio será cubierto con profesionales pertenecientes a la empresa del Parque de Villares». Además, está en proceso la contratación de seis nuevos profesionales para el parque de Ciudad Rodrigo.

Por su parte, el alcalde mirobrigense en funciones, Marcos Iglesias, aseguró ayer: «Más allá de las cuestiones laborales y humanas de los miembros de la Asociación Humanitaria, que desde luego me preocupan y por las que muestro mi solidaridad, lo que me alarma como alcalde de la cabecera de comarca es la consecuencia inmediata, real y cierta de esa suspensión cautelar, que no es otra que la prestación del servicio de prevención y de extinción de incendios por un número insuficiente de funcionarios interinos (obvio, pues no se logran funcionarios de un día para otro) y por un alejamiento de los medios técnicos y humanos para luchar contra cualquier problema o catástrofe».

Sobre esta situación se expresó el PSOE de Ciudad Rodrigo señalando que «el desenlace al que se ha llegado con el parque de Ciudad Rodrigo debía haberse atajado desde hace tiempo» al tiempo que afirmaba que es «incomprensible desde todos los puntos de vista por la irresponsabilidad de las administraciones que tienen las competencias legislativas y de gestión».

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