El control de las colonias de gatos, una de las obligaciones de la polémica Ley de Bienestar Animal, sigue trayendo de cabeza a los ayuntamientos, especialmente en los pueblos más pequeños y con menos recursos, que se exponen a multas de hasta50.000 euros si no esterilizan y colocan un microchip a los felinos.
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El fuerte desembolso que esta obligación supone para las arcas municipales (alrededor de 80 euros por gato) hizo que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 convocara unas ayudas que finalmente recibirán solo 1 de cada 10 entidades solicitantes en toda España: 60 de 594.
En el caso de Castilla y León, los dos únicos municipios que han superado la criba del Gobierno han sido Aranda de Duero, en Burgos, y Pedrosillo el Ralo, en la provincia de Salamanca, que recibirá 7.182 euros «para mejorar e impulsar el control poblacional de las colonias felinas», como recoge la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Fuera de estas subvenciones han quedado Ciudad Rodrigo, La Vellés y Doñinos de Salamanca, que también habían solicitado al Gobierno fondos extra para desarrollar proyectos que ayudaran al control de estas poblaciones que, en algunos casos, suponen un problema de salubridad para los vecinos.
En el caso de Doñinos, su alcalde, Manuel Hernández, apuntó que la subvención que se había solicitado tenía como finalidad construir un refugio para los gatos «de forma que se reuniesen tres de las actuales colonias y llevar a cabo la colocación de microchips, además de la esterilización». Ahora hay 4 colonias y se atiende en ellas a cerca de 60 animales, «una labor que comenzamos en 2022 y para la que se contemplan 5.000 € en el presupuesto anual. Volveremos a pedir la subvención».
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