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En un pleno bastante acalorado y extenso, los tres grupos políticos que conforman la Diputación de Salamanca (PP, PSE y Vox) han hecho un frente común, el único entre las diferentes mociones presentadas y debatidas, para agilizar al máximo la instalación del Registro Civil digital en todos los municipios de la provincia, tras el caos y desconcierto que su implantación está provocando en un gran número de localidades ante la falta de medios técnicos (llegada de ordenadores) y de formación del personal. Esta situación es hoy en día visible en 77 municipios (50 de ellos en el partido judicial de Salamanca), según denuncia la portavoz del PP en la Diputación, Pilar Sánchez. «El Ministerio de Bolaños está llevando a cabo una gestión nefasta, que ha llevado a una implantación caótica y desastrosa», subraya Sánchez, quien reconoce que esta situación ha llevado a la Diputación a ir más allá de sus competencias y «está dando asistencia técnica a los funcionarios de los juzgados», apostilla.
El portavoz del PSOE, Fernando Rubio, no ocultó que la implantación está provocando algún problema, aunque reduce a 37 el número de ayuntamientos afectados y recuerda que el proceso sigue su curso, ya que el plazo finalizará en el mes de junio y «son muchos los juzgados de pasa que se están beneficiando; por tanto, ya se está haciendo», subraya, al tiempo que el portavoz de Vox, Celestino del Teso, hablar de «falta de planificación realista y viable».
El resto de propuestas presentadas por PSOE y Vox recibieron el rechazo del PP y, por tanto, no fueron aprobadas. Este es el caso de la conversión en profesional del Parque de Bomberos de Peñaranda, moción presentada por la diputada socialista y alcaldesa de dicha localidad Carmen Ávila, que califica la situación actual de este parque de «discriminatoria», por entender que se le ha relegado al parque a la categoría de terciario, lo que impide que cuente con bomberos profesionales. Por eso, Ávila demanda, en una intervención extensa (tuvo dos llamadas de atención del presidente por el uso del tiempo) y acalorada, que el parque de Peñaranda reciba el mismo estatus, «solo pido un trato igualitario», anota, con el que cuentan los de Ciudad Rodrigo, Béjar y Vitigudino, que sí disponen de bomberos profesionales y así no depender del parque principal de Villares de la Reina. En su denuncia, la diputada socialista habla de un tiempo de respuesta de casi una hora en algunos casos, «lo que incumple la ley», sentencia.
El diputado de Protección Civil, Roberto Martín, niega que existan esos tiempos de respuesta y que la normativa fije un máximo de 30 minutos para llegar al lugar de la incidencia. «Eso es exagerado, pues la media está ahora entre los 11 y 12 minutos y cuando hay vehículos pesados se puede llegar a los 38 minutos», aclara, al tiempo que niega que se está incumpliendo la ley. «La legalidad en Peñaranda y su comarca se cumple y es falso que la Diputación abandone a esta comarca, pues está bien atendida. Además, el informe de técnicos y juristas de la Diputación refleja que la gestión actual de la Diputación permite cumplir la normativa vigente en el parque comarcal de Peñaranda». El apoyo de Vox, que se sustenta en la creación de un plan integral de bomberos para la provincia, no impide que la moción sea rechazada.
Como también lo fue la proposición del Grupo Socialista de instar a la Diputación y a la Junta de poner en marcha un plan interprovincial de contención demográfica ante, según apalabras de Fernando Rubio, la pérdida paulatina de población, lo que convierte a Salamanca en la cuarta provincia con menor crecimiento vegetativo, y en la primera con peor saldo migratorio en los últimos 12 años. Datos que fueron cuestionados por el diputado de Empleo y Desarrollo Rural, Antonio Labrador, quien recuerda las numerosas iniciativas que actualmente tiene implantadas la Junta para luchar contra la despoblación, que, en el caso de Salamanca, recuerda al PSOE, que vive «instalado en el pesimismo», que esta provincia cuenta con 328.000 habitantes, y que en los últimos tres años ha ganado más de 2.000 habitantes, al tiempo que insiste en las políticas «clave» que ha puesto en marcha la Diputación para luchar contra la despoblación, «también la Junta», entre las que destaca y proyecto socioeconómico aprobado para La Raya con más de 83,5 millones de euros.
También recibe el rechazo de PP y Vox la moción presentada por los socialistas para recuperar las subvenciones destinadas a recupera la subvención destinada a los ayuntamientos que acometan mejoras en las infraestructuras agrícolas y ganaderas de titularidad municipal y que el diputado socialista Carlos Fernández Chanca pide darle un nuevo formato legal para salvar la duplicidad con la que cuenta actualmente ya que dicha función la ejerce la Junta de Castilla y León. El delegado de Economía y Hacienda, Marcos Iglesias, replica que eso supondría en incumplir la legalidad y «por ahí no pasamos, como tampoco se puede buscar un convenio con la Junta, ya que esto sería un simple cambio de cromos. Nuestro compromiso con el campo es indudable», concluye. Celestino del Teso, de Vox, muestra su rechazo por estar «en contra las subvenciones, y que son el cáncer del campo».
También en saco roto cae la proposición de Vox de control del lobo ibérico en la provincia de Salamanca, para lo que Celestino del Teso reclama una revisión urgente del estatus de protección, un plan provincial de control, una Fundación de Gestión del lobo, dotación de fondos específicos para medidas de prevención y compensación y que la Diputación asuma un papel activo en la defensa del sector ganadero. Pilar Sánchez, portavoz del PP, aclara que su partido «apoya sin fisuras al campo» y recuerda que las competencias sobre el lobo son del Gobierno central. «La Diputación tiene las manos atadas, aunque junto a la Junta va a seguir dando la batalla», confiesa. Por su parte, el portavoz socialista Fernando Rubio recuerda que el Gobierno de España ya ofrece ayudas para establecer medidas e indemnizaciones. «En 2022 se le concedieron a la Junta casi 5 millones de euros para medidas preventivas y no gasto ni uno; ya para indemnizaciones casi 4 millones, de los que gastó 1,9. La Junta no para de hacer caja con el lobo y no cumple con sus fines», concluye.
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