Desconcierto en la provincia de Salamanca por la nueva Ley Animal

La aprobación definitiva el jueves pasado de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales en el Congreso de los Diputados no ha dejado indiferentes a sectores como el de los veterinarios o las entidades locales. Estas últimas se ven abocadas a asumir competencias para las que no tienen financiación y cree que, una vez más, se ha legislado desde despachos que no conocen la realidad y, mucho menos, las particularidades del medio rural como puede ser el de Salamanca.

Así lo cree la exconsejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León y portavoz de Agricultura del PP en el Congreso de los Diputados, Milagros Marcos, al considerar que “el bienestar de las mascotas no está reñido con su libertad. Esta ley desprecia al mundo rural e intenta cambiar la forma de vida de la gente de los pueblos y de sus animales por puro desconocimiento”. Y es que, concluye, “intentar adaptar su forma de vida a la de las pequeñas mascotas de ciudad es una forma de maltrato”.

En una línea similar, el presidente del Colegio de Veterinarios de Salamanca, Antonio Rubio, cree que la ley “deja algunas lagunas, sobre todo en el tema de la financiación de los servicios veterinarios de los ayuntamientos”. Encuentra, por tanto, situaciones en esta normativa que pueden provocar problemas legales.

Solventada la excepción de los perros de caza, muy criticada desde sectores afines a Podemos, los pueblos de la provincia se encuentran con normas como la obligatoriedad de contar con un servicio de veterinario de atención 24 horas que podrá realizarse directamente por los servicios municipales competentes o por entidades privadas, además de en colaboración de entidades animalistas.

La norma es vista en los pueblos con escepticismo porque supondrá más gasto para ayuntamientos que suelen tener presupuestos muy ajustados. Y todo a ello pese a que la ley permita que las poblaciones que no dispongan de medios propios para la recogida y el mantenimiento de los animales podrán suscribir convenios de colaboración con centros mancomunados, pertenecientes a otras administraciones o contratados. Entre otras competencias, los ayuntamientos asumirán también el control y la sanción a los responsables de gatos que no los tengan identificados y esterilizados y “deberá contar con un lugar adecuado con espacio suficiente y acondicionado para la retirada temporal de su colonia de gatos”.

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