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Béjar
Viernes, 24 de enero 2025
El Partido Popular de Salamanca ha convocado a los alcaldes de la provincia a una concentración en Linares de Riofrío para protestar por la eliminación de paradas nacionales de autobús que proyecta el Gobierno de España, que parecen hechos consumados sin posibilidad de modificación.
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La convocatoria se ha realizado para mañana, día 26 de enero, en Linares con el objetivo de leer y firmar un manifiesto «en contra del nuevo mapa concesional de servicios de transporte regular de autobús» que ha diseñado el Ministerio de Transportes.
Desde el PP salmantino se quejan que ese mapa se ha confeccionado sin contar con nadie y que en Salamanca dejará sin servicio de autobús nacional a 33 municipios. Es decir, que los autobuses de las líneas nacionales que viajen a Madrid, Barcelona u otras comunidades autónomas dejarían de parar en los pueblos pese a pasar por allí. Parecen hechos consumados, según la denuncia planteada desde el PP y así se deduce de una nota hecha pública ayer por el PSOE pese a pretender lo contrario. En dicha nota, los socialistas salmantinos niegan que se vayan a eliminar paradas en los pueblos, pero unos párrafos más abajo dice lo siguiente: «Algunas de las paradas actuales en municipios de Salamanca, sobre todo las que tengan que ver con la comunicación dentro de la propia provincia, se ha explicado, son o serán paradas que deberán pasar a la prestación de un servicio desde el ámbito autonómico en el ejercicio de sus competencias, y cualquier eliminación o supresión será decisión de los respectivos gobiernos regionales, en este caso, la Junta de Castilla y León que elude sus obligaciones, sus competencias y su responsabilidad».
Es decir, el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio de Óscar Puente imponen a la Junta de Castilla y León que sea ella la que se haga cargo de esas paradas que ahora son competencia y responsabilidad del ejecutivo nacional, pero consideran que eso no es eliminar paradas.
Dejan, por tanto, al ejecutivo autonómico la responsabilidad de asumir un servicio que no es de su competencia sin haber contado con el ejecutivo de Mañueco. Y es que, a día de hoy, hay varias líneas de transporte por carretera como las de la zona de Béjar a Madrid, que dejarían de ofrecerse por parte del Gobierno traspasándolas a la Junta en lo que supone una imposición.
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La situación suscitada con el nuevo proyecto de transporte no es nueva porque el Gobierno ya hizo dejación de funciones en agosto de 2018 con el cambio de empresa adjudicataria de la línea Aldeanueva del Camino-Madrid, que comunica la zona de Béjar, de Linares y de Guijuelo con Madrid. La supresión de servicios, de horarios y paradas fue notable, provocando un gran revuelo social con recogida y entrega de miles de firmas al Gobierno central que hizo caso omiso de las reivindicaciones de los usuarios que viajaban a Madrid desde todo el sureste de la provincia.
Entre las quejas, además de los retrasos en los viajes, se encontraban el abandono de los pasajeros que debían solicitar el autobús con 48 horas de antelación y, en ocasiones, no les recogía. También se dio el caso de pueblos como Puerto de Béjar, Cantagallo, Vallejera de Riofrío o Sorihuela que siguen sin parada de autobús desde entonces o el hecho de que viajeros de pueblos del Alto Tormes que quieren coger el autobús a Madrid han de desplazarse hasta Béjar o El Barco de Ávila para viajar en Cevesa, la antigua empresa adjudicataria de la línea y que ha mantenido horarios y servicios, pero sólo desde esos municipios.
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Muchos de los usuarios han de pedir favores a familiares y vecinos para que les lleven a estos lugares con los que poder viajar a la capital de España cuando, hasta agosto de 2018, podían hacerlo desde sus pueblos, todos los días y, en algunos momentos hasta dos y tres veces en un día.
Los usuarios de la provincia de Ávila y de localidades como Cespedosa de Tormes y Puente del Congosto fueron los primeros en movilizarse ya en aquel verano y, poco a poco, comenzó a extenderse la reivindicación. Hubo intentos de reuniones con responsables del Ministerio o de la Delegación del Gobierno en Ávila y Salamanca, pero siempre quedaron frustrados por la incomparecencia de sus representantes. Por ejemplo, en la Mesa del Transporte convocada por la Junta de Castilla y León en octubre de 2018 en Piedrahita (Ávila).
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Los 33 pueblos afectados por el proyecto del Ministerio son: El Bodón, Calvarrasa de Abajo, Cantagallo, Cantaracillo, Cepeda, Cespedosa de Tormes, Encinas de Abajo, Endrinal, Fuenterroble de Salvatierra, Fuentes de Oñoro, Gallegos de Solmirón, Guijuelo, Herguijuela de la Sierra, Herguijuela del Campo, Linares de Riofrío, Miranda del Castañar, Monleón, Navamorales, Paradinas de San Juan, Peñaparda, Puente del Congosto, Puerto de Béjar, Rágama, Robleda, San Esteban de la Sierra, San Miguel de Valero, Santibáñez de Béjar, Santibáñez de la Sierra, Los Santos, La Sierpe, Sotoserrano, Ventosa del Río Almar y Villasrubias.
El PSOE señala en su nota de prensa que: «Se ha informado, desde el Gobierno de España se pondrá a disposición de las comunidades autónomas, 40 millones de euros, 25 de ellos en subvenciones directas como mínimo para que puedan asumir los tráficos de su competencia que, actualmente se vienen prestando a través de concesiones estatales de largo recorrido». Insisten los socialistas en que las líneas actuales cuyo servicio presta el Gobierno con competencia autonómica, pero la Junta de Castilla y León carece de competencias en comunidades autónomas vecinas como Extremadura y Madrid. Y, precisamente, las líneas más afectadas por el supuesto recorte son las que comunican estas tres autonomías y, por tanto, según consideran desde el PP, responsabilidad del Gobierno.
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