Cuando el calvario de la okupación llegó a un pueblo de Salamanca: «Fue una situación complicada»

Una de las okupaciones más llamativas de los últimos años se produjo en la pedanía de Nuevo Naharros, perteneciente a la localidad de Pelabravo donde de las 44 viviendas de un bloque llamado «La Reguera» 24 estuvieron durante 3 años con inquilinos que causaron daños en las zonas comunes.

Al bloque de viviendas llegaron, tal como recuerdan los propietarios que vivían allí en ese momento, «23 familias de etnia gitana que generaron numerosos daños en las instalaciones, servicios y conexiones generales».

La mala convivencia y los problemas se reflejaron en poco tiempo en 43 denuncias ante la Guardia Civil por parte del resto de los propietarios

La lentitud de la justicia que, en marzo de 2019, tras 3 años y medio de espera permitía que se subastasen las viviendas y comenzase un proceso de normalización para los propietarios legales, puso punto y final a un calvario que incluso hizo que muchos de los propietarios legales vendieses los pisos, que habían comprado en 2011 por hasta 150.000 euros, recuperando en esta venta desesperada apenas 70.000.

Antes de eso, muchos habían optado por cerrar su vivienda en el bloque e irse a vivir de alquiler a la capital.

«Fue una situación complicada», relata la alcaldesa María Teresa García, «al parecer los presuntos okupas tenían un contrato legal de alquiler, pero luego llegaron los enganches ilegales a servicios como la luz y el gas, algo muy peligroso».

Tanto era el riesgo, que las propias compañías suministradoras al tener noticia de estos enganches realizaron el corte de suministro en febrero de 2018, provocando la indignación de los conflictivos inquilinos, que intentaron tener un suministro mínimo mediante un generador.

«El conflicto que generaban era más bien en el edificio, con la comunidad de vecinos y los desperfectos que causaban en ella. Las costumbres que tenían no eran las más cívicas», recordó la regidora, «además en el colegio la Junta tuvo que poner dos aulas prefabricadas para los niños que llegaron con estas familias y que se retiraron cuando desaparecieron del bloque».

El cálculo de la deuda que soportaron los propietarios por las cuotas impagadas a la comunidad de vecinos desde 2014 por parte del propietario que alquiló las viviendas a los okupas superó los 90.000 euros. Cambios de ascensores, labores de limpieza, arreglo integral de la piscina, tareas de albañilería o incluso la plantación de un nuevo césped, fueron algunos de los cambios que acometieron los vecinos de 'La Reguera' para devolver el aspecto inicial que tenía la urbanización antes de la llegada de los okupas.

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