Boada cede la gestión de la residencia a otra empresa

La crisis de la residencia de Boada parece haber llegado a su fin, aunque queda por delante hacer frente a los litigios. «La situación está normalizada», confía el alcalde del municipio, Juan Matías Garzón. La gestión se ha adjudicado a la empresa Suministros Sanitarios Alpa, como estaba previsto, después de que el Consistorio tomara posesión el día 4 de marzo a través del auto judicial que les autorizaba a ello. «Es la misma que gestiona Saucelle, Barruecopardo, Vitigudino y El Cubo de Don Sancho». El primer edil señala que ya conocía la trayectoria de la empresa a través de la Gerencia, y de momento «todo marcha bien». Las condiciones y los empleados seguirán siendo los mismos, y recalca lo que está por venir: «Ahora nos tocará hacer frente a los procesos judiciales, porque a pesar de todo el daño que ha hecho la otra empresa, se permitirá demandarnos y todo», lamenta, y sentencia con indignación: «Deberían inhabilitarlos».

«Sabemos lo que va a pasar, demanda va y demanda viene», afirma con exasperación el primer edil, quien, sin embargo, asegura que se sienten satisfechos «por habernos quitado todo de encima, a pesar de los pesares», y espera que todo vaya sobre ruedas de ahora en adelante. Juan Matías recalca la conformidad de los familiares y la integración de las empleadas, que llevaban mucho tiempo cuidando de los residentes. De hecho, matiza: ,«Si esto ha funcionado es porque las trabajadoras se han implicado también durante mucho tiempo», incluso con nóminas sin cobrar, según detalla. «Tienen cobrada la fianza de cada interno, unos 1.300 euros, más el mes de enero, otros 1.450 euros de media», señala, según les han indicado las familias, y recuerda que todo es demostrable.

Antecedentes

«La empresa adjudicataria ha incumplido todo lo habido y por haber», afirmaba recientemente el alcalde de Boada. La gestión de la residencia se adjudicó en 2016, y a partir de la pandemia, explicaba, había comenzado el declive. «Todo empezó a complicarse: falta de suministros para calefacción, se quedaban sin calefacción y agua caliente, impagos, y en general muchos incumplimientos del contrato de adjudicación», aseguraba.

En el camino ha habido sanciones y el Ayuntamiento intervino durante las noches del 28 de febrero y 1 de marzo, ya que había dos trabajadoras de baja y no había suplencia, según indica. «Nos avisaron de que estos turnos iban a quedar desiertos; intenté por todos los medios cubrir ese turno, pero la legalidad a veces te impide actuar». Al encontrarse «de manos atadas», Juan Matías Garzón y la teniente de alcalde, Eva María Moro, pasaron esas dos noches en la residencia.

Por su parte, la empresa que hasta ahora gestionaba la residencia de Boada y la de Montejo, alega que en ningún momento se han quedado sin suministros de calefacción, que los residentes han estado siempre «perfectamente cuidados», y que ni la residencia de Boada ni la de Montejo cumplen con la normativa de prevención de legionela. También niega que el Ayuntamiento ha hecho frente a varias reparaciones, tal y como manifiestan. La empresa tiene abiertos procesos judiciales contra ambos ayuntamientos e incluso contra la Gerencia de Servicios Sociales.

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