Béjar inicia la legalización de 90 viviendas 50 años después de construirse

El Ayuntamiento de Béjar ha puesto en marcha ya el procedimiento administrativo correspondiente para legalizar unas noventa viviendas ubicadas en la zona de Palomar Alto, en el barrio de Palomares. Sin embargo, esa medida llega cincuenta años después del inicio de la proliferación de construcciones descontroladas que no se ajustan al Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.

Fue hace aproximadamente siete años cuando se formó una asociación de propietarios, como promotora del proceso de legalización, que quiso iniciar los trámites pero no fue posible y, ahora, el Ayuntamiento quiere poner fin a esa situación de asentamiento ilegal.

El Ayuntamiento acordó en el pleno ordinario celebrado el pasado mes de agosto la aprobación inicial de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Después, parte del equipo de Gobierno de la ciudad así como técnicos del departamento de Urbanismo y profesionales mantuvieron una reunión con los propietarios afectados por esa medida para plantearles la necesidad de llevar a cabo ese plan especial que permita regularizar las viviendas edificadas en prados y terrenos rústicos.

Con respecto al procedimiento administrativo, los servicios técnicos del Ayuntamiento se ocuparán de la tramitación así como controlar la legalidad de las edificaciones mientras que la asociación de propietarios promoverá la actuación y, sobre todo, se ocupará de asumir todos los gastos. La mejora permitirá incorporar redes de saneamiento y de alcantarillado en todas las calles así como la instalación del alumbrado público y la habilitación de calles para el paso de servicios de emergencias.

Es precisamente en ese punto, en el coste económico, en el que se centran las quejas de los afectados por ese procedimiento y piden la implicación del propio Ayuntamiento u otras instituciones como la Diputación de Salamanca o la Junta de Castilla y León. «La medida nos parece bien» asegura uno de los afectados, cuyo nombre prefiere que no trascienda, pero rechaza que tengan que ser los propietarios los que asuman todo el coste. Esto es así porque se ocuparían de habilitar las calles e instalar las redes de saneamiento que, en principio, pasarían a ser de titularidad municipal.

Además, para los afectados, resulta un agravio que paguen de igual modo, aunque diferentes cantidades, aquellos propietarios que tengan viviendas sin regularizar en sus terrenos, ya sean primeras viviendas o residencias de verano, y otros que carecen de construcciones en terrenos que sirven como huertos.

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Olga García, defiende la medida porque «se trata de un proceso bueno para poder regularizar sus viviendas o realizar nuevas edificaciones ajustadas a la normativa urbanista en vigor» para añadir que «ya iba siendo hora de que el Ayuntamiento de Béjar diera los primeros pasos para iniciar este procedimiento administrativo».

De momento, no está prevista la convocatoria de más reuniones entre el equipo de Gobierno y los propietarios afectados para avanzar en este tema ya que el Ayuntamiento avanzará en la tramitación con la apertura de un segundo período de exposición pública para la posible presentación de reclamaciones por parte de los afectados que así lo consideren oportuno.