Jueves, 6 de febrero 2025, 09:50
Tres meses ha tardado la Audiencia Provincial de Salamanca en dictar sentencia en el procedimiento seguido contra Concepción Miguélez, la alcaldesa de Alba de Tormes acusada de un delito de prevaricación por la presunta contratación irregular de una compañera de partido. Una sentencia que la declara inocente, aunque curiosamente el tribunal manifiesta en la misma que el contrato que motivó el procedimiento fue «contrario a la legalidad».
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«Si bien el hecho de que la aspirante estuviera en la lista de candidatos que encabezaba la acusada, en las elecciones municipales celebradas en 2019, pudiera llevar a sospechar que esta última hubiera actuado para beneficiarla en la contratación aunque esta no esté afiliada al partido político en el que milita la acusada, no obstante estas sospechas y el hecho de no seguir el procedimiento de contratación legalmente establecido, no resultan suficientes en este caso para desvirtuar el principio de presunción de inocencia de la acusada y acreditar la existencia del delito de prevaricación administrativa objeto de acusación, toda vez que las circunstancias expuestas con anterioridad nos generan serias dudas sobre la concurrencia de un actuar doloso en la conducta de la acusada al contratar a la aspirante, todo lo cual determina en virtud el principio 'in dubio pro reo' la absolución de la acusada», señala el tribunal en su sentencia.
Tal y como ha venido avanzando LA GACETA, la Fiscalía le pedía 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por la presunta contratación irregular. La defensa por su parte mantuvo la absolución, aunque con carácter subsidiario añadió que en caso de condena el tribunal estimase la circunstancia de dilaciones indebidas y la pena quedara en una multa de 540 euros y un año de suspensión de cargo y empleo público. La sentencia todavía no es firme y contra la misma cabe recurso
Concepción Miguélez fue elegida en las listas del Partido Popular, pero hace varios meses que se dio de baja como militante de este partido. Como consecuencia de las acusaciones contra ella, el PSOE llegó a pedir su dimisión inmediata.
El juicio en la Audiencia Provincial
Los interrogatorios del fiscal y la defensa se centraron el día del juicio en establecer la fórmula de contratación que se llevó a cabo en 2019 para una monitora del Centro de Ocupacional Reina Sofía. La sesión que el pasado 16 de diciembre acogió la Audiencia Provincial arrancó con el interrogatorio a Concepción Miguélez sobre el procedimiento de contratación seguido para la incorporación de urgencia de una monitora para el centro ocupacional. «Vimos que íbamos a necesitar una persona y los familiares nos pidieron que cambiásemos el perfil de los monitores», señaló Miguélez: «Se pusieron carteles anunciadores y llegaron varios currículos que analizamos para ver qué tipo de persona contratar».
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La regidora recordó, que en aquel momento «no había bolsa de empleo para estos puestos ni procedimiento regulado de las contrataciones de urgencia, y además se aprobó la contratación por unanimidad del pleno».
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