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El Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca ha resuelto sobreseer y archivar la denuncia de la Fiscalía contra el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y contra el presidente de la Asociación Humanitaria de Bomberos Voluntarios de Ciudad Rodrigo, Jesús Muñoz, por la prestación del servicio de extinción de incendios en la comarca mirobrigense.
El juez no aprecia delito continuado de prevaricación administrativa ni malversación y considera que la Diputación tenía legítima expectativa de que fuera aceptada la forma de contratación mediante la prestación del servicio de forma indirecta a través de una entidad especializada como es la Asociación Humanitaria de Bomberos Voluntarios de Ciudad Rodrigo, que ha hecho este trabajo durante muchos años.
Esta entidad tiene una amplia experiencia porque ha colaborado en la prestación del servicio desde el parque de Bomberos de Ciudad Rodrigo mediante convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Miróbriga hasta diciembre de 2018, dado que la Diputación carecía de personal propio suficiente.
Los sucesivos recursos judiciales obligaron a la Diputación a realizar la prestación por contratación de emergencia de la prestación mediante decreto de Presidencia, avalado por los preceptivos informes técnicos y jurídicos, con la Asociación Humanitaria de Bomberos Voluntarios de Ciudad Rodrigo. Una solución provisional que era mejor que dejar sin servicios de extinción de incendios a toda una comarca.
La denuncia de la Fiscalía vino motivada por la que interpuso a finales de 2022 la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León.
La Diputación de Salamanca, que es la administración que tiene la competencia, ha estado firmando convenios con ayuntamientos, entre ellos el de Ciudad Rodrigo hasta el final del mandato del alcalde socialista Juan Tomás Martín, en 2018, y desde entonces ante la imposibilidad de que desempeñaran los trabajos con personal funcionario, se adjudicó directamente el contrato a los Bomberos Voluntarios por la experiencia demostrada en las tareas. La Diputación ha aportado el coste económico y son los voluntarios quienes gestionan los trabajos en materia de extinción de incendios.
Desde 2018 se han interpuesto varios recursos contencioso administrativos y en tanto se resolvían por los distintos tribunales, la Diputación ha solventado el problema de forma excepcional «como consecuencia de la situación de emergencia generada por estar pendiente de resolución el procedimiento de contratación del Servicio de Protección de Incendios y Salvamento de la comarca de Ciudad Rodrigo».
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