La alcaldesa de Alba se defiende: «En ese momento no había bolsas de empleo, recibimos varios currículos y los analizamos»

Hasta ocho testigos han participado en la sesión del tribunal en la que se juzgaba por presunta prevaricación a la alcaldesa de Alba, Concepción Miguélez. Los interrogatorios del fiscal y el abogado defensor se centraron en establecer la fórmula de contratación que se llevó a cabo en 2019 para una monitora del Centro de Ocupacional Reina Sofía.

La sesión celebrada en la Audiencia Provincial arrancó con el interrogatorio a Miguélez sobre el procedimiento de contratación seguido, en septiembre de 2019, para la contratación de urgencia de una monitora para el Centro Ocupacional Reina Sofia. «Vimos que íbamos a necesitar una persona y los familiares nos pidieron que cambiásemos el perfil de los monitores», señala la compareciente, «se pudieron carteles anunciadores y llegaron varios currículos que analizamos para ver qué tipo de persona contratar».

La regidora recuerda que en aquel momento no había bolsa de empleo para estos puestos ni procedimiento regulado de las contrataciones de urgencia, y además se aprobó la contratación por unanimidad del pleno.

Tras ella llega el turno de los testigos, algunos con poca memoria. Entre los asuntos que abordó el abogado defensor estuvo el formato de contrataciones del Consistorio de Alba desde 2015 y si se realizaba siempre mediante convocatoria a través del SEPE o no. La más rotunda resulta la técnica de Empleo del Consistorio que afirma: «Sólo recuerdo que alguien me dijo que había que contratar a esa persona», aunque no especifica quién le hizo la indicación.

El juez también realiza una apreciación ante las declaraciones apuntando que «los que habían trabajado en el Ayuntamiento de Alba en el Reina Sofía sabían que cada inicio de septiembre se necesitaban contrataciones y presentaban los currículos«.

Tras las declaraciones, el Ministerio Fiscal mantuvo su petición de 12 años de inhabilitación para ejercer cargo público. Por parte del abogado defensor se recordaron los límites administrativos del delito de prevaricación, «que en este caso no se cumplen, porque la contratación se hizo igual que en la anterior legislatura en la que más de una decena de contrataciones sólo dos fueron con listado del Ecyl».

El abogado defensor solicita la absolución para su clienta.

Concepción Miguélez fue elegida alcaldesa en las listas del Partido Popular en los últimos comicios municipales, pero hace varios meses que se dio de baja como militante en ese partido.

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