Y aquí nadie dimite, oiga

La política del país de los canguros se ha sostenido en varios pilares fundamentales para llegar a no presentar apenas casos en estos momentos. Por un lado, al igual que China, ha establecido un estricto control de las fronteras. Es la forma más vieja y eficaz de controlar un virus. ¿Recuerdan el primer aislamiento de Miranda de Ebro, antes de que se decretara el estado de alarma de marzo del año pasado, con la Guardia Civil puesta en todas las salidas y entradas del pueblo para que nadie pudiera moverse? Es la misma fórmula. Ya la conocíamos. Bien es cierto que esta medida, que lleva aparejada la cuarentena de todos sus visitantes al entrar en el país, ha damnificado a su turismo, el cual representa un 3 por ciento de su Producto Interior Bruto. En nuestro caso, supone más de un 12 por ciento y el intento de salvarlo en verano, con una temeraria desescalada tras un duro confinamiento, lo estamos pagando caro.

Además, los australianos han centrado sus esfuerzos en gestionar los brotes y tener una enorme capacidad de rastreo. Nada nuevo. En ello han insistido desde el principio expertos epidemiólogos a lo largo y ancho del planeta. El periodista salmantino Iván Hernández lleva un año en la isla y, en una entrevista publicada ayer en este periódico, relataba que allí disponen de una aplicación móvil en la que se registra dónde ha estado cada persona y a qué hora, con lo cual es mucho más fácil detectar nuevos contagios. Vamos, lo que viene haciendo Google las veinticuatro horas del día con todos y cada uno de nosotros. Incomprensiblemente, en España, a pesar de contar con la tecnología adecuada, no se ha querido poner en marcha este tipo de aplicación. A cambio, lanzaron a bombo y platillo el Radar Covid, otro de los grandes y millonarios fiascos de la gestión de esta pandemia, del cual ya nadie quiere hablar.

Es evidente que para activar una aplicación de ese tipo hace falta elaborar una modificación legislativa. Pero, qué se puede esperar de un Congreso de los Diputados, con una nación en continuo estado de alarma y un Gobierno desaparecido al frente, que se toma unas vacaciones desde el 17 de diciembre hasta el 3 de febrero. Señorías, durante su inmerecido descanso han perdido la vida en los hospitales 12.460 españoles, esos a los que se atreven a llamar compatriotas en sus mítines de pacotilla. Y aquí, nadie dimite, oiga. Bueno sí, el ministro de Sanidad para pasear su incompetencia por Cataluña.

Pero hay más. Hace un par de días saltaba la noticia de que hay 7.500 militares formados para actuar como rastreadores que aguardan la llamada de los gobierno autonómicos. De verdad, ¿a qué esperan?

Y una última diferencia. Mientras en Australia no han inyectado ni una sola vacuna, aquí hemos puesto todos los huevos en la cesta de las farmacéuticas. Y se nos han roto. Tal es así, que ante el incumplimiento de los plazos de entrega de estas empresas, cada vez más grupos políticos europeos plantean liberar sus patentes para considerar las vacunas como un bien público y que se puedan fabricar en cualquier laboratorio. En Salamanca tenemos uno perfectamente capacitado para ello en el polígono El Montalvo. Así que no haría falta irse muy lejos.

Los australianos no son más disciplinados que los españoles. A tenor de los resultados en la gestión de esta catástrofe, simplemente tienen mejores políticos.