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Mi hermano acaba de enviarme un un “guasap” en el que me dice con sorna: “No me gusta presumir de ir a sitios caros, pero me acaban de cobrar 91 euros ‘con descuento’ por llenar el depósito del coche”. Y me adjunta, para demostrármelo, una ... fotografía de la estación de servicio en la que se ve que el precio del combustible ya está en los 2,02 euros el litro. Hagan cuentas. Si le quitan los veinte céntimos de gracia gubernamental, se quedan en 1,82, es decir, un céntimo más que antes de que se aplicara la bonificación. Y lo peor de todo es que no se vislumbra el techo a esta escalada.
Todavía queda un mes para que este parche con fecha de caducidad siga vigente. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, precisó en su día que con estos tres meses bonificados quería ver cómo evolucionaban los precios. Pues ya lo sabe. Hasta el infinito y más allá, que diría Buzz Lightyear.
¿Y ahora qué? Pues volverán a improvisar, que es lo único que saben hacer. De momento, la ministra ha dicho que, viendo el desolador panorama, habrá más ayudas, aunque no ha especificado en qué van a consistir. Lo único claro es que no contempla la rebaja de impuestos que demandan tanto las gasolineras -que encima están recibiendo con retraso las liquidaciones de abril- como los transportistas.
Y todo esto justo el día en que nos han adelantado que la inflación de mayo se ha ido hasta el 8,7%, arrastrada por el encarecimiento de las gasolinas y de los alimentos. Aunque lo que verdaderamente preocupa es la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados ni los productos energéticos. Esa está desbocada, aumentando en el mes de mayo medio punto y situándose en el 4,9%, su valor más alto desde octubre de 1995. El problema de esta inflación es que ningún Gobierno tiene una capacidad inmediata para actuar sobre ella, tal y como ha reconocido el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán.
Con estos datos encima de la mesa, ya nadie se cree las previsiones económicas del equipo de Pedro Sánchez, una cuadrilla que todo lo fía en la “excepción ibérica” para poner un tope al precio del gas y en los famosos fondos Next Generation.
Llevamos ya más de dos meses viendo cómo la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, asegura en cada una de sus apariciones que el tope al gas entrará en vigor de forma inminente. Sin embargo, a pesar de la urgencia con la que se vendió la medida, la Comisión Europea se lo está tomando con mucha calma para darle el visto bueno definitivo. Conociendo el trilerismo de nuestro presidente, no lo deben ver del todo claro en Bruselas.
Y en cuanto a los fondos europeos, cada vez resulta más evidente que no van a ser la panacea. Están diseñados desde el poder político, con una enorme burocracia, y parece que solo van a beneficiar a las grandes empresas, que pueden permitirse elaborar los estudios necesarios para poder presentarse a ellos. Decía ayer el doctor en Economía Daniel Lacalle que “generar un enorme plan de gasto público para sectores que nunca han tenido problemas de financiación y no prestar atención a otros que sí la necesitan, lo único que va a hacer es que el dinero termine en el balance de las grandes empresas cuando el tejido empresarial español está formado fundamentalmente por pequeñas y medianas”. No le falta razón.
No soy persona de algaradas, ni manifestaciones. Pero por mucho menos a la derecha se le habría planteado ya -con motivo- una huelga general o al menos unas multitudinarias protestas en la calle. Aviso a navegantes. Cuando Felipe González perdió las elecciones no solo llevaba a su espalda un saco lleno de corrupción, la inflación subyacente estaba en los mismos niveles que ahora.
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