¿Todos aprobados?

Esta semana le ha tocado el turno, tras la Semana Santa, al sistema educativo. El estado de alarma sobrevino con el trimestre bastante avanzado y entonces pudo pensarse que el esfuerzo encomiable del profesorado y de los estudiantes para improvisar una docencia telemática serviría para llenar el vacío del cierre de los centros educativos durante unas semanas, mientras se despejara la situación. Pero ahora ya sabemos que el confinamiento seguirá instalado entre nosotros bastante tiempo y se han tomado decisiones de más alcance. Para los niveles educativos preuniversitarios la noticia ha sido la celebración de una Conferencia Sectorial de Educación cuyo resultado, en este momento, aún no sabemos bien cuál fue. Algunos medios titularon inicialmente que se había concluido en que este curso existiría un aprobado general, lo que produjo el comprensible jolgorio entre la muchachada. Pero no parece finalmente que fuera eso lo que se aprobó, sino que todos los alumnos, salvo excepciones, “promocionarían”, es decir, pasarían al curso superior, aunque arrastraran asignaturas de este. Por otro lado, tampoco ahora queda claro si los acuerdos fueron algo más que recomendaciones, que varias comunidades autónomas han manifestado que no piensan cumplir. En medio de la incertidumbre solo emerge una evidencia: que al igual que en la sanidad, tampoco en la educación contamos con un sistema educativo sino con diecisiete, y que el papel coordinador que ejerce el Estado resulta bastante irrelevante. Nadie duda, desde luego, de la dificultad de afrontar el problema. Uno se siente inclinado a reivindicar una visión meritocrática de la educación, incluso en las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos, que reconozca la dedicación de quienes han sabido sobreponerse mejor a las dificultades y están dispuestos a mantener la tensión en lo que queda de curso. Pero quienes sostienen la opción que parece que se ha elegido arguyen la necesidad de no discriminar a quienes sufren la brecha digital, que es también social, lo que constituye un argumento de mucho peso. Lo ideal sería entonces mantener un cierto equilibrio entre esos dos polos, algo que no sabemos si se habrá conseguido.

En la Universidad también ha habido novedades. La docencia presencial fue suspendida acertadamente la tarde del 12 de marzo, tras una mañana de nervios y confusión en la que convivieron carteles que pedían no acceder a las secretarías para evitar el contagio con aulas llenas de profesores y estudiantes. Fue necesario entonces revestir improvisadamente a la universidad presencial de ropajes no presenciales, contando con la entrega y el sentido institucional de todos. También aquí se pensó inicialmente que había que esperar, que quizá escamparía antes de final de curso. Pero no ha sido así y justo al inicio de las vacaciones conocimos que no volveríamos a las aulas hasta septiembre y que no solo la docencia sino también la evaluación debería realizarse por medios no presenciales. La confirmación definitiva ha llegado esta última semana, en la que profesorado y estudiantes han tenido que acordar nuevos sistemas de evaluación en todas las asignaturas, bajo la recomendación general de que el método ideal -a menudo irrealizable- sería el de la evaluación continua.

Ojalá se haya acertado. Comparto la opinión del profesor Miguel Angel Galán expresada en este mismo periódico: la adquisición de conocimientos tiene siempre un componente presencial irrenunciable. Nuestra Universidad es, además, una universidad presencial y es en esta dimensión en la que resulta exigible que preste con eficacia el servicio público al que está obligada. Por estas razones, me parece que hubiese sido preferible agotar todas las posibilidades de terminar el curso del modo habitual, aunque ello hubiese supuesto clases en julio y evaluaciones en septiembre. Se entienden las complicaciones, por supuesto, así como la necesidad de tomar decisiones en un contexto sobrevenido. Pero es de lamentar que hayamos llegado a este punto sin que los órganos de gobierno de la Universidad (el Consejo de Gobierno no se reúne desde el 27 de febrero) hayan podido conocer y discutir las diferentes alternativas que existían.

Queda así la impresión amarga de que, como ha sucedido en otros niveles, el coronavirus no solo quiebra la salud y la economía, sino que también puede desnudar comportamientos y alentar malas prácticas institucionales. En fin. Una semana más y sin novedad en el frente, si se me permite la licencia del terrible lenguaje bélico que ahora se emplea.