Sostenibilidad

Hasta aquí, todo muy claro. Pero donde empiezan a fallar los mecanismos, según un informe del Tribunal de Cuentas Europeo, es en la divulgación e información que sobre la sostenibilidad efectúan tanto las entidades gubernamentales como las empresas públicas y también las privadas. El sector público tendría que dar ejemplo, en aras de la tan cacareada transparencia, a la hora de informar acerca de las estrategias, herramientas y metodología con la que lleva a cabo la divulgación de información sobre la sostenibilidad. Esos informes deben ser conocidos y publicados. Evidentemente, se trataría de una información no financiera que sirviera para ilustrar a los ciudadanos acerca de la sensibilización de unos organismos supuestamente ejemplares en su ejecutoria. Distintas auditorías vienen a demostrar que ni siquiera la Unión Europea en su conjunto cumple con los requisitos que ella misma aprobó. Tampoco los gobiernos son especialmente proclives a divulgar sus informes sobre sostenibilidad, aun cuando de este modo podrían ver incrementadas su credibilidad y su transparencia.

El Tribunal de Cuentas Europeo reconoce que en el sector privado las cosas van mucho mejor. Bien es verdad que existe una Directiva que obliga a las grandes empresas a divulgar determinada información “no financiera” sobre sostenibilidad. En la actualidad hay más de siete mil empresas que cotizan en bolsa y cumplen con los requisitos. En España, siempre según ese Informe, la normativa afectaría a aquellas con un volumen de más de 2.000 millones de euros y 4.000 trabajadores. En alguna de ellas, como Iberdrola, por ejemplo, el cumplimiento de la divulgación de información sobre la sostenibilidad puede considerarse modélico, como lo es asimismo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de esa misma compañía.

En fin, a ver qué pasa ahora, una vez renovados los cargos en las más altas instancias europeas. Porque una cosa es predicar y otra... ya se sabe.