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Me atrevo a decir que, en estos momentos críticos para la salud de nuestra convivencia pacífica, la mayoría de los españoles lo que queremos es ... que los partidos mayoritarios abandonen las barbaridades en la oratoria, las cambien por la prudencia y se pongan a trabajar para llegar a acuerdos.
La crisis extrema que atraviesa el sistema democrático que nos ha permitido vivir en paz y con estabilidad desde la Constitución de 1978, obliga a los partidos que han gobernado España tras la muerte de Franco a trasladar a los ciudadanos certezas y no incertidumbre, estabilidad y no inestabilidad. Estamos obligados a pedirles que cedan, como ya lo han hecho en otros momentos de crisis institucionales, para alcanzar amplios acuerdos.
Sobran los pirómanos, como Pablo Iglesias que, arrimando el ascua a su sardina, ha sugerido que hay que salir a la calle a defender la democracia ante lo que él considera “un golpe de estado” por el acuerdo de Tribunal Constitucional de suspender la tramitación en el Senado de las enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Iglesias busca no caer en el olvido y alardea del papel de Podemos como “el único partido” que pide abiertamente desobedecer la resolución judicial. Estas declaraciones solo son homologables a las que hacen los líderes políticos en países donde la democracia es una quimera, como ocurre en Venezuela o en Cuba.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, tuvo también ayer un comportamiento incendiario al afirmar que el PP ha secuestrado al Consejo General del Poder Judicial. Es verdad que cuando dos no llegan a un acuerdo, no solo es culpa de uno, pero en este caso el Gobierno está obligado a hacer un esfuerzo extraordinario y una ministra no puede tener este tipo de desahogos, cuando de lo que se trata es de buscar la unidad.
Si los dos grandes partidos fueran capaces de cerrar pactos sobre lo fundamental, sobre todo si se trata de los pilares que sustentan la democracia, sobrarían los radicales, los que están dispuestos a romper los consensos institucionales que han permitido el mayor tiempo de estabilidad que hemos disfrutado en España. Sobra Podemos, sobra ERC e incluso sobraría Vox y otras fuerzas minoritarias. No lo digo yo, lo dicen las urnas, cuyos votos mayoritariamente van a parar al PSOE y al PP y los votantes no están por la radicalidad. Aunque el actual presidente haya optado por el difícil camino de los extremismos, en lugar de la moderación que ha permitido a los socialistas gobernar comunidades autónomas y España durante muchos años de la etapa democrática.
Un presidente nunca debería haber tirado la toalla para llegar a acuerdos con el único partido que puede ser alternativa de Gobierno y con el que es capaz de sumar una representación del sentir de la mayoría de los españoles.
El PSOE y el PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, están obligados hoy a volver a sentarse y no levantarse de una mesa de negociación hasta haber cerrado un acuerdo que permita la renovación de los órganos judiciales que llevan cuatro años de retraso. No hay que dar satisfacción a los golpistas o los malversadores, hay que buscar la fórmula que permita dar la mayor independencia posible a la Justicia como un pilar de nuestra democracia. Meter en este asunto a los radicales de Podemos o de ERC es como meter a la zorra a cuidar del gallinero democrático. El presidente Sánchez debe escuchar más a los moderados de su partido y salir huyendo de los palmeros.
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