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O se pone a trabajar el Gobierno y el Congreso para aprobar una ley sanitaria que obligue a vacunar a los negacionistas, o la sexta ... ola será inevitable. Europa empieza a sufrir una subida imparable de la incidencia y los hospitales comienzan a resentirse, lo que se traduce, aunque la gravedad de la enfermedad no llegue al colapso de marzo de 2020 o diciembre y enero de 2021, en que el diagnóstico y el tratamiento de otras muchas enfermedades pasarán a engrosar las largas listas de espera, que ya de por sí son voluminosas y que no sabemos cómo ni cuándo podremos atajarlas con los recursos humanos y materiales tan mermados.
En España no hemos tomado aún conciencia de la necesidad de protegernos contra los que no se quieren proteger porque tenemos un porcentaje de vacunados muy alto en relación a otros países europeos y por tanto, el número de casos no está siendo alarmante. Pero es mejor prevenir que curar y, sobre todo ahora cuando ya comienza a recuperarse la movilidad mundial y cuando se ha demostrado que las vacunas, aunque no protejan al cien por cien, tienen una gran eficacia y han evitado muchas muertes y muchos casos graves.
Los usuarios del AVE de Castilla y León -lamentablemente Salamanca no está porque ni tiene AVE ni siquiera frecuencias del tren rápido a Madrid- ya se están movilizando con otras plataformas del resto de España para exigir que se prohíba subir a los trenes a los viajeros que no presenten el certificado Covid que demuestre que están vacunados.
En los autobuses debería pasar lo mismo. Exigir el certificado de vacunación para proteger la salud del resto de los viajeros. Un viaje en autobús a Benidorm de asturianos y orensanos acabó con los dos pasajes contagiados. Evitar este tipo de exposiciones innecesarias a una enfermedad que mata debería de ser obligatorio y algo en lo que los políticos, que en muchas ocasiones legislan leyes totalmente absurdas y alejadas de la realidad que vivimos, deberían estar pensando. Antes de que nos pille el toro y tengamos que improvisar otras medidas restrictivas que perjudican a la economía sin distinción entre aquellos que se comportan de forma egoísta e irresponsable y quienes han actuado con responsabilidad.
Que nadie se lleve las manos a la cabeza, porque es una medida bastante normal en otros países de Europa, cierto es que con un porcentaje de vacunación muy por debajo del que tiene España. En una situación de pandemia nadie puede entender que por motivos religiosos o de otra índole, se permita a determinados grupos poner en riesgo sanitario al resto de la población. En espacios públicos debería prevalecer la protección de la salud antes que la libertad de elección individual de no pincharse por los motivos que cada uno quiera esgrimir.
Por ejemplo, en Singapur han anunciado que a partir del 8 de diciembre dejarán de cubrir los gastos médicos de la covid-19 a los pacientes que se nieguen a vacunarse, excepto a quienes no puedan hacerlo por motivos médicos o por edad. No digo que se tenga que llegar a tanto en España, pero sí legislar para proteger a la mayoría de los que ya estamos vacunados, por encima de cualquier elección individual respecto a la vacuna. La libertad tiene límites y en una pandemia están claros: proteger la salud colectiva por encima de todo.
En todos los países en los que está subiendo la incidencia hay dos datos que son incuestionables y que ratifican la necesidad de protegernos de los no vacunados: los casos están aumentando vertiginosamente porque hay un porcentaje bajo de inoculados y se está viendo que las personas no vacunadas suponen una gran proporción de aquellos que requieren cuidados intensivos y contribuyen de manera desproporcionada a la presión en los recursos sanitarios de cualquier país del mundo.
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