Presencialidad y coherencia

Se trata de una cuestión compleja, en la que convendría no opinar alegremente. Por supuesto, debería quedar al margen la descalificación de los discrepantes. Ni son unos irresponsables quienes sostienen que no existen riesgos relevantes para la salud por mantener la presencialidad en los exámenes, ni son tampoco unos pirómanos quienes argumentan razonadamente que, ante lo crítico de la situación, resultaría más prudente la alternativa telemática. Acostumbradas a la bronca, las redes sociales han cobijado algunas bochornosas embestidas, que nunca deberían tener cabida en el espacio público, pero menos aún en el debate entre universitarios.

Los argumentos favorables a la presencialidad en la evaluación son muy poderosos. No solo, como se indica a menudo, porque ofrezca mayores garantías de privacidad, sino porque, oral o escrita, aporta mayores elementos de juicio a quienes la ejercen y, por tanto, resulta en principio más justa. Las universidades han realizado, además, un extraordinario esfuerzo organizativo para reducir al mínimo los riesgos para la salud de los estudiantes y de su personal en todas las actividades académicas y en particular en los exámenes. Quien minusvalore dicho esfuerzo, que ha implicado a multitud de servidores públicos, incurrirá en una grave injusticia. Tampoco merecen ninguna consideración quienes han acusado de actuar por oscuros intereses a unos representantes estudiantiles que han seguido ejemplarmente los cauces institucionales para manifestar su actitud ante el problema.

En la fase de la pandemia que atravesábamos hace solo unas semanas, con niveles de contagio relativamente bajos, habría existido poco margen para la discusión, como apenas lo hubo en el desarrollo de la docencia en un régimen de presencialidad reducida. Sin embargo, nos encontramos ahora en una situación en la que -dice el vicepresidente de Castilla y León- “la incidencia está desbocada”, se producen llamamientos dramáticos como el del director médico del Hospital de Salamanca (“aíslense y confínense”), se publican noticias sobre un número creciente de aulas de otros niveles educativos en cuarentena, se anuncia un brote contagioso en un laboratorio de un instituto de investigación... Resulta comprensible, por tanto, que surjan las dudas con el paso de los días.

Pese a todo, hay que confiar en que quienes cuentan con los conocimientos y la información adecuadas acierten en sus decisiones. Pero eso no disculpa, sino que, al contrario, hace singularmente lamentables algunas sobreactuaciones y cambios de criterio que mueven al desconcierto. Una incidencia excesiva en que la seguridad sanitaria está plenamente garantizada en todos los espacios universitarios puede resultar inverosímil y, por ello, contraproducente. Como también lo es minusvalorar los datos de los contagios que se detectan en los cribados realizados por el SACYL en los colegios mayores de la Universidad de Salamanca (“solo” 13 de 283, o sea, si extrapolásemos, una tasa de nada menos que 4.593 por 100.000) o para toda la comunidad universitaria (32 positivos en 4.762 análisis, o sea 671 por 100.000, a pesar de la baja participación del estudiantado). Resulta también incomprensible la decisión de abrir ahora la posibilidad de participar presencialmente en las reuniones del Consejo de Gobierno de la Universidad, que desde el inicio de la pandemia habían venido celebrándose, sin problema alguno, de manera exclusivamente telemática, justo cuando arrecian los llamamientos a limitar al máximo la movilidad y el contacto social. En este caso no estamos ante exámenes, ni clases, sino solo ante reuniones. Como en tantas otras cosas, la sobriedad y la coherencia son criterios de actuación que nunca deberían perderse.