¿Otra ley de universidades?

Tras varios meses del nuevo Gobierno sin que el ministro Castells hubiera hecho acto de presencia, empezaba yo a darle la razón a Unamuno cuando decía que “la pereza espiritual huye de la posición crítica”. Porque, en efecto, el responsable máximo del departamento universitario no daba señales de vida, algo que, por cierto, es lo mejor que en condiciones normales puede hacer cualquier responsable ministerial que lidie con la educación. Quieto y sin mover nada. Como hizo Rajoy en su día cuando fue ministro del ramo (¿alguien se acuerda?).

Ahora se da a conocer el previsible alumbramiento de profundas modificaciones universitarias de la mano de ese silente ministro que por su apellido abriga ínfulas de catalán, pero que no es sino charnego de la Mancha. Y a mucha honra, supongo. Me replanteo mis juicios y opiniones acerca de Castells. En alguna otra ocasión he sostenido que en su trayectoria profesional como sociólogo ha gozado de un considerable prestigio internacional. El currículum avala y ratifica sus méritos académicos. En el seno del ejecutivo, en cambio, parece un aderezo circunstancial, fruto de la obligada cuota independentista.

Y mira por dónde nos sale ahora con una futura ley anti-chiringuitos que me obliga a rectificar. No me duelen prendas, porque se ha filtrado que va a meter en vereda a aquellas universidades privadas que mercadean con tal nombre y son simples expendedurías de títulos contra reembolso, es decir, universidades de pago y tente tieso. El ministro se ha ganado mis simpatías. Las universidades privadas dignas de tal nombre se cuentan con los dedos de una mano. Una está en Salamanca: la Pontificia. España no puede permitirse cincuenta universidades públicas y casi cuarenta privadas, muchas de las cuales exhiben denominaciones que inducen a engaño. Los poderes públicos deben apostar por la Universidad de verdad, con mayúsculas. El resto es libre mercado; legítimo, pero mercado.