¿Luchamos contra la corrupción?

Pero vivimos en un Estado compuesto, y las cosas no funcionan igual en los diferentes niveles. Vamos camino del primer año de la XI Legislatura en nuestra Comunidad y, a fecha de hoy, las Cortes de Valladolid no han conocido más proyectos de ley que los relativos a las cuentas para el próximo año. La incapacidad de algunos para votar a derechas —tal vez anden verdes en esto de la democracia— exigirá algún esfuerzo complementario.

Hoy es día de Reyes y no voy a ser yo quien no añada algo a la carta a Sus Majestades. ¿Qué ha sido de la Ley de creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad de Castilla y León? La Junta aprobó el Proyecto en julio de 2021 y en septiembre se publicó en el BOCYL. Tres veces se amplió el plazo de enmiendas, hasta febrero de 2022, pero la convocatoria anticipada de elecciones llevó la iniciativa al pozo de la caducidad, a la espera la resurrección de los difuntos.

A la vista del extinto Proyecto, la nueva Ley subsanaría buena parte de las carencias de la vigente Ley 2/2016, pionera en España en la tutela de los informantes de irregularidades en la Administración autonómica, pero que se quedó muy corta. Frente a la corrupción de las autoridades, el funcionariado de nuestro país se caracteriza por la pulcritud de sus actuaciones, pero carece de medios idóneos para manifestar las irregularidades que pasan por sus manos. El Gobierno regional de entonces manifestó que la iniciativa supondría un avance considerable en la lucha contra este grave problema. Con todo, los nuevos socios de coalición no parecen estar por la labor, y sus correligionarios en las Cortes Generales han tachado a la nueva Ley sobre la materia que actualmente se tramita para transponer la Directiva (UE) 2019/1937 de sectaria, marxista y totalitaria. Se me pone muy cuesta arriba esta fórmula de estabilidad política.