Ley y democracia

Pero no quiero centrarme en esas palabras, hoy enterradas bajo dos metros de información sobre la Eurocopa y la tasa de incidencia. Las resucito para escribir sobre la relación entre el imperio de la ley y la democracia, que es un asunto que preside el debate político contemporáneo. Me dediqué a ello aquel desdichado 1 de octubre de 2017 en este mismo periódico, ese día que el Govern consumó su deseo de celebrar una consulta por la independencia so pretexto de dar voz a una nación oprimida que gritaba libertad. A esa situación se llegó por culpa de todos: primero, naturalmente, de quienes rompieron la baraja de la legalidad; pero también de quienes fueron perdiendo partido tras partido por incomparecencia, creyendo que la Justicia, por sí sola, resolvería un conflicto político que excede de los códigos. La teoría del enemigo externo en tiempos de crisis –Espanya ens roba– no sólo es eficacísima, sino que ha servido de base ideológica a todos los totalitarismos que en el mundo han sido.

La buena política lo puede todo, porque del acuerdo emana la ley, que a todos nos obliga y nos ampara. Han pasado casi cuatro años desde aquella infausta fecha y no despeja la tormenta, a pesar de los indultos. La mera aplicación del Derecho no resolverá el conflicto, pero el Derecho que derive del acuerdo ayudará a salir de él. Por eso, a todos cuantos tengan algo que decir les pido que reduzcan la presión, que no enardezcan a las masas; que bajen de las almenas y se sienten a dialogar constructiva y responsablemente. Que desactiven el explosivo. La ley, si emana de la democracia, es el instrumento para la resolución de los conflictos sociales; pero la democracia, sin ley, no es democracia.