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El pacto ha de considerarse histórico por cuanto en los 37 años de existencia de la Comunidad Autónoma no hay precedentes de una confluencia de intereses como la que Fernández Mañueco ha conseguido aglutinar en torno a un proyecto para salvar a Castilla y León de la depresión económica que se avecina y al mismo tiempo preparar la sanidad ante posibles rebrotes de la pandemia. El único precedente en ese sentido se remonta a 2015, con los acuerdos entre Juan Vicente Herrera y Luis Tudanca, pero esa entente no tuvo ni la concreción en las medidas ni el amplísimo alcance parlamentario del Pacto firmado ayer, del que solo quedan fuera los representantes de UPL y Vox.

Tampoco encontramos nada similar en el actual contexto de las autonomías. Solo en Aragón han firmado un texto que también reúne a las principales fuerzas parlamentarias, pero carece de las partidas concretas de inversión y gasto que sí prevé el pacto castellano y leonés.

En Castilla y León los grandes grupos políticos han concertado partidas por importe de más de 1.100 millones de euros, de los cuales el grueso, 728 millones, va destinado a reforzar los servicios sociales ante la urgencia de atender las necesidades que el coronavirus y el parón de la economía han provocado en las familias. Otros 250 millones se dedicarán a un fondo para la recuperación de la sanidad regional, con el que la Junta dotará a los hospitales y centros de salud de personal y medios material con los que hacer frente a un rebrote e incluso a otro tipo de pandemias. Al mismo tiempo, se constituirá un fondo de 80 millones destinado a combatir directamente el COVID-19.

Prácticamente todos los grupos sociales y todos los sectores productivos tienen un punto de atención entre los 86 apartados que contempla el documento y que el presidente de la Junta presentó ayer a la sociedad castellana y leonesa como un texto abierto a la participación y que “va a requerir la participación de todos”.

La altura de miras y la capacidad de negociación que han demostrado los equipos liderados por Mañueco, Igea y Tudanca, y la capacidad de renuncia de Fernández, han permitido presentar ante la sociedad castellana y leonesa una imagen de unidad que constituye hoy por hoy un modelo para otras regiones y por supuesto para el Gobierno de España.

Lástima que ese espíritu de colaboración y ese sentido de Comunidad no pueda trasladarse por ahora al conjunto del Estado, debido fundamentalmente a que los líderes de los partidos a nivel nacional carecen de la generosidad y la empatía que requiere un acuerdo de este tipo.

Seguro que la gran mayoría de los españoles estaría de acuerdo en trasladar el pacto del Colegio de la Asunción a La Moncloa, pero no parece que Pedro Sánchez sea la persona más adecuada para liderar un compromiso con las grandes fuerzas constitucionalistas. Resulta muy complicado, por no decir imposible, que los líderes de PP y Ciudadanos lleguen a un pacto global con el PSOE y Unidas Podemos para relanzar la economía en la peor crisis de la historia de España, cuando quien ‘invita’ lo hace desde la prepotencia y el insulto, apoyado en los votos de los golpistas y del separatismo antiespañol. La nación necesita ese acuerdo para demostrar unidad y determinación frente a los mercados financieros cuyos fondos serán tan necesarios en los próximos años, frente a la Unión Europea sin cuya ayuda resultará imposible salir de la profunda recesión económica que se nos viene encima, y frente al empresariado nacional, cuya confianza e inversión son claves para crear empleo y riqueza. Pese a que lo sabe, Sánchez es incapaz de mostrar un mínimo de cintura y de humildad. Su teoría del pacto es que todos los demás (salvo su compañero de Gobierno Pablo Iglesias) deben aceptar sus propuestas sin el menor reparo. Como ha quedado demostrado en Castilla y León, solo con sentido de estado, con generosidad y cediendo cada uno en sus posiciones resulta posible el entendimiento. Tres requisitos que repelen al carácter tanto de Sánchez como de Iglesias.