La mala educación

Durante estos días he leído numerosas opiniones contrapuestas sobre LOMLOE (que así se llama el invento de la sectaria Isabel Celaá). Sus defensores se la ‘agarran con papel de fumar’ para justificar lo injustificable y sus detractores se ponen en el peor (pero muy probable) escenario. Uno de los aspectos que más indigna, por referirse a uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad, es el referido a la educación especial. Los críticos con la ley hablan directamente de cierre de este tipo de centros y los ‘palmeros’ de la ministra aseguran que la palabra “cierre” no aparece por ningún lado. Claro que no los van a atrancar de inmediato, pero sí a vaciar que en definitiva es lo mismo. El texto asegura que se dotará a los centros ordinarios de los recursos para atender a los alumnos con discapacidad. Un brindis al sol denigrante y de mal gusto. Un colegio jamás podrá ofrecer la atención y la comprensión que necesitan estos niños y que sí la encuentran en los centros de educación especial. Es una quimera pensar que la señora Celaá va a multiplicar el personal para lograr que estos chicos no acaben olvidados a su suerte. Entre otras cosas porque la Memoria del Análisis del Impacto Normativo que acompaña al todavía proyecto de ley no prevé un incremento del gasto para este fin.

Me hace gracia que los medios afines al Gobierno y algunos presuntos desmontadores de bulos como el portal ‘Newtral’ aseguren que todas las acusaciones “se basan en una interpretación de las consecuencias que podría traer la reforma”. Hasta el lector menos avezado interpretaría que el propósito del Gobierno social-comunista es ahogar hasta el cierre a unos centros de educación especial que llevan décadas haciendo un trabajo magnífico y que cuenta con unos profesionales vocacionales a los que jamás se les podrá agradecer todo lo que están haciendo.

Otra de las grandes polémicas que ha traído la ley es la eliminación del castellano como lengua vehicular en Cataluña. Una vez más el Ministerio de Educación juega al ‘trilerismo’ y afirma: “Se quiere garantizar que el alumnado tenga pleno conocimiento de ambas lenguas (catalán y español), no una sobre la otra”. Ese es el problema señora Celaá. Que el castellano nunca puede estar al mismo nivel que una lengua “sin potencial”, en palabras del académico salmantino Julio Borrego en una interesante entrevista concedida a LA GACETA. Esta redacción de la ley se convierte en pura gasolina para que los totalitaristas de la barretina y el poblado de Astérix arrinconen definitivamente a una lengua que hablan 580 millones de personas en el mundo. Eso, señora ministra, es radicalismo y mucha mala educación.