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Castilla y León arranca en el furgón de cola de la desescalada de la pandemia por decisión de nuestro Gobierno regional. La Junta es, junto ... a la Generalidad catalana de Quim Torra, la única que ha renunciado a solicitar al Gobierno el pase de la Fase 0 a la añorada Fase 1 que permitiría recuperar a mayor velocidad la actividad social y económica.
Lo primero que debería hacer el Ejecutivo que preside Alfonso Fernández Mañueco es explicar por qué Castilla y León ha llegado en tan malas condiciones a este punto de la pandemia. Hoy incluso ya es tarde para que la Junta justifique ante los ciudadanos el hecho incontrovertible de que esta Comunidad ha evolucionado mucho peor que otras regiones, peor incluso que algunas que partían con cifras más graves de muertes y contagios por coronavirus, como es el caso de Madrid. El Gobierno de Mañueco debe asumir que la gestión no ha sido la más adecuada cuando las estadísticas nos colocan en la zona más castigada del peor país del mundo, al menos en cuanto a muertos por habitante. Faltan test masivos, los controles a los sanitarios se han realizado tarde, la prevención en las residencias de ancianos ha fallado de manera estrepitosa y todavía quedan colectivos sanitarios como los farmacéuticos que no han sido testados. Sin negar el trabajo abnegado de todos los miembros del Ejecutivo regional, comenzando por su presidente, lo cierto es que las ideas e iniciativas diferentes del carril marcado desde Madrid han brillado por su ausencia.
Los graves errores del Gobierno de Pedro Sánchez y su falta de diligencia a la hora de decretar la cuarentena, y de conseguir test y material de protección no eliminan la responsabilidad de la Junta, por cuanto la ineptitud de los ministros sanchistas y comunistas ha sido similar en relación con todos los territorios del Estado. Unos han avanzado más rápido en el combate contra el coronavirus y otros más lento. Y entre los más lentos descuella Castilla y León.
En segundo término, Mañueco debe ofrecer también explicaciones de por qué no ha pedido entrar el lunes en la Fase 1 de desescalada. Es una decisión de riesgo, que puede provocar un rechazo importante entre buena parte de los ciudadanos de la Comunidad, deseosos de volver cuanto antes a su vida anterior al virus. Puede que haya motivos sanitarios de peso y que los expertos a quienes obedece la Junta tengan la razón en contra del criterio aplicado en otras autonomías que con situaciones similares han decidido no abandonarse a la ‘vía lenta’. Pero incluso así sería muy oportuno conocer los argumentos médicos y técnicos que se aplican en Castilla y León y comprobar en qué difieren de los razonamientos de los expertos de Madrid o de Castilla-La Mancha, por poner dos ejemplos de regiones muy castigadas por la pandemia.
En ese sentido, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, se ha mostrado partidario desde el inicio de la crisis de aplicar criterios muy rigurosos para el desconfinamiento, llegando incluso a pedir que no se relaje la cuarentena en ninguna zona donde haya habido algún caso en los últimos quince días. Ese rigor, sin embargo, no ha venido acompañado de una gestión efectiva dirigida a llegar cuanto antes a esa situación de control férreo del coronavirus. De hecho, en Castilla y León se han seguido las consignas e indicaciones del Gobierno central, sin aplicar iniciativas propias para mejorar la gestión de los ministros de Sánchez, de ineficacia más que comprobada.
Por tanto, a partir de hoy resulta de imperiosa necesidad que la Junta ponga en marcha un plan con medidas concretas para reforzar la lucha contra la enfermedad en la Comunidad, para aplicar cuantos más test mejor, para reforzar la vigilancia epidemiológica en las residencias (en este apartado el presidente de la Junta debería propinar un severo correctivo a su consejera de Sanidad, por no poder explicar la ejecución más lenta de los controles en las residencias salmantinas) y para aplicar un protocolo de detección precoz y seguimiento de los nuevos casos.
Solo así estará Castilla y León en condiciones de poder recuperar la distancia que vamos a perder, si se aprueban las solicitudes del resto de autonomías, respecto al conjunto de España. Aunque el decreto fije el horizonte del 25 de mayo para las regiones ‘rezagadas’ en la Fase 0, también existe una cláusula de excepcionalidad a la que el Gobierno de PP y Cs en la Comunidad debería acogerse para salir de ese furgón de cola. De lo contrario, el viaje ‘en tercera’ puede costarnos muy caro, en forma de más paro y pobreza, a los castellanos y leoneses.
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