La judicialización de la memoria

Nuestra Guerra constituye un aterrador relato de venganzas personales y colectivas, siempre irracionales, ejecutado por ambas partes. Con todo, los sublevados tuvieron casi cuarenta años para establecer su interesada perspectiva, legitimadora de sus agresiones. Por ello, ya en democracia, a todos nuestros políticos deberíamos exigirles que juntos promovieran el esclarecimiento de la versión completa de nuestro pasado reciente. La denominada “memoria histórica” no es un capricho de progres desocupados, sino una necesidad para cualquier sociedad preocupada por completar el puzle de todo aquello que no quiera que se repita. Solo así podremos aspirar a la construcción de una patria común: desde el pleno conocimiento de lo que ocurrió.

Hace mes y medio, en este mismo lugar, tuve la oportunidad de expresar cómo creo que debe actuar el Estado frente al crimen. Traslado esos mismos argumentos al tema que hoy me ocupa. De una adecuada reconstrucción de la historia cabe esperar la identificación de lo que no debe repetirse. De un planteamiento pretendidamente justiciero no derivará otra cosa que la perpetuación del odio al enemigo. La coyuntura política recomienda suspender la tramitación de la futura Ley de Memoria Democrática en beneficio de lo prioritario –esperaremos, si de lo que se trata es de aprobar los presupuestos o de resolver el problema de las pensiones–, pero confío en que la pausa sirva para reflexionar sobre la pretendida judicialización de los hechos cometidos por la dictadura, tan simbólica como inútil e, incluso, contraproducente.

Suprimir la glorificación de un régimen ominoso no implica ajustar cuentas con un pasado cuyos protagonistas ya no existen. Llevar hoy ante los tribunales penales al franquismo no solo es una estupidez, sino una auténtica tomadura de pelo a los ciudadanos y a la propia justicia. Que sea la historia, íntegra, la que juzgue.