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Hace algún tiempo, invitados por el novelista Juan Manuel de Prada, coincidimos en la misma mesa Alberto Ruiz-Gallardón, Pablo Iglesias Turrión y yo. Gallardón ... se pasó parte de la cena intentando picarnos a Iglesias y a mí... y, al final, lo consiguió cuando el entonces líder de Podemos dijo:
-Hay que poner más impuestos a los ricos.
A lo cual yo pregunté:
-¿Tienes tú la lista de esos ricos?
Negó tenerla, y quedó algo mosqueado. Yo seguí:
-Esa lista la ha de tener la Agencia Tributaria, y no parece que le funcione. Prueba de ello –añadí- es que el 90% de la recaudación del IRPF sale del bolsillo de los asalariados.
-Me das la razón –concluyó.
-No, no te doy la razón, lo que quiero decirte es que las cosas son bastante más complicadas de lo que tú y tus amigos creéis.
Esta anécdota me ha venido a la memoria tras leer un artículo de Josu Jon Imaz (en El País) titulado “No va contra los ricos: va contra el empleo industrial” en el cual protesta por la pretensión del Gobierno de gravar los “beneficios empresariales extraordinarios”. Ese pretendido impuesto –señala Imaz- “sería probablemente ilegal en nuestro sistema fiscal, se opta por una figura llamada prestación patrimonial. Es simplemente un impuesto encubierto que grava a las empresas por partida doble”. Y añade: “Pero este impuesto camuflado no es para los ricos. No es para los que ganan mucho, aunque ese sea el discurso del Gobierno. Yo les pido a los gobernantes que sean valientes, que suban el IRPF a las rentas de capital y graven al que tiene dinero, pero no es así. Su demagogia esconde una mentira: es un impuesto disfrazado que no va contra los ricos, va contra la actividad empresarial”.
Imaz es ahora un alto directivo de Repsol y en el artículo recuerda que esa empresa perdió 7.105 millones en los años 2019 y 2020, principalmente a consecuencia de la pandemia. Los resultados acumulados desde entonces, incluidos los supuestos beneficios extraordinarios de 2022, no han compensado aquella pérdida.
¿Y qué es lo que ha hecho el Gobierno? Ha evitado presentar un proyecto de ley. La proposición de ley la han presentado dos grupos parlamentarios y de esta forma el Gobierno se ha saltado varios informes (como el del Consejo de Estado). Una práctica tramposa tan querida por este Gobierno, que reniega de cualquier control, tanto a priori (Consejo de Estado) como a posteriori (Tribunal Constitucional). Por eso tiene tanta prisa en hacerse con la manija del Tribunal Constitucional poniendo al frente a un personaje como Conde Pumpido.
Pues eso: ¿Dónde está la lista de los ricos?
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