La herencia millonaria de la marquesita salmantina

Cuando solicitó la documentación para su matrimonio parece que se llamaba María del Rosario Isabel Clara Romero y Cruz Álvarez de Heredia y Ximénez de Fontcuberta, heredera del título de marquesa de Escalona del Valle, con grandeza de España y su madre, hija única había vivido con el fasto propio de su pertenencia a la nobleza. Nunca se había olvidado de su hija, nacida en San Sebastián y a la que había considerado hija natural, dándole su propio nombre y apellidos en la partida de bautismo y aunque vivía en Sevilla se preocupaba de que un emisario la visitara cada 15 días y entregara a los supuestos padres unas cantidades en metálico. Hasta que no pudo hacerlo pues desapareció la familia.

En su testamento dice que aunque desconoce el paradero de su hija la declara heredera universal de sus bienes, que ascienden a unos cien millones de pesetas. Un palacio en San Sebastián, palacete en la Costa Azul, palacio y varias fincas urbanas en Madrid y Sevilla, cortijos en Jerez de la Frontera y en Utrera, trece millones y medio de pesetas en acciones de diversas empresas, tres millones en la cuenta corriente de un banco, una ganadería de reses bravas en Jerez y aparte otros bienes, muebles y joyas, de los que tendría que dar cuenta el administrador don José Marco Téllez con domicilio en Madrid, calle de Hortaleza.

El asunto de la herencia lo llevó un hermano de leche del marido de la marquesita, un abogado que se llamaba Faustino Valentín y que resultó ser un farsante, procesado el 7 de junio de 1952 por la Sala primera de la Audiencia de Valencia, quien había conseguido 9.250 pesetas de Pedro Escuder, que además se ofreció como chófer; Felisa Peña, 9.000; Vicenta Moreno, 1.200; Dolores Pons, 1.500. El industrial Manuel Plá, 12.100 y garantía de un crédito de 50.000 a favor de María del Rosario Romero, pero guardando Faustino Valentín el talonario de cheques, del que había dispuesto de 20.000 pesetas.

El fiscal le acusó de un delito de estafa, otro de falsedad pidiendo por el primero 4 años de prisión menor y por el segundo 3 meses de arresto mayor, además de las indemnizaciones a los perjudicados. El defensor consideró que no había delitos por faltar el engaño y el ánimo de lucro, por lo que pedía la absolución.