La encrucijada de las residencias

La crisis del coronavirus ha puesto en el ojo del huracán a las residencias de ancianos. En este país nos encantan los extremos. Hemos pasado de ignorar completamente su papel y, en muchas ocasiones, olvidarnos de fiscalizar su trabajo, a demonizarlas por completo. Ni una cosa ni la otra. Una de las críticas más repetidas es que se ha dejado morir a los ancianos sin darles la oportunidad de pisar la UCI de un hospital. Al hilo de esto, me pareció muy interesante leer hace unos días un artículo de Jonathan Caro, especialista en geriatría y profesor de la Universidad del País Vasco. Resaltaba la crudeza e indignidad que supone llevar a un mayor, en el tramo final de su vida y con algún tipo de patología, a morir a un centro hospitalario. Entubado, sufriendo y sin poder evitar el fatal desenlace. Si nos preguntan dónde queremos decir adiós en una situación así, la mayoría diremos que en nuestra casa. Y la residencia es para ellos su casa. Esto no implica que no se tenga que luchar por su vida, ni mucho menos. De hecho, para una residencia el trabajo más fácil sería mandarlos a un hospital y olvidarse del problema. Sin embargo, los profesionales de estos centros también están para eso. Para hacer más llevaderos los últimos días y conseguirlo, sobre todo, sin dolor. Ayudados de las herramientas que afortunadamente existen para lograrlo.

Pero una cosa es eso y otra muy diferente preguntarse cómo entró el virus en muchos centros asistenciales y de qué manera se actuó. Ahí es donde hay que trabajar muy duro para detectar toda la cadena de errores que se cometieron y evitar que vuelvan a suceder. La COVID-19 nos ha pillado a todos con el pie cambiado porque era algo desconocido. Y ante un extraño, es lógico improvisar. Pero en el caso de las residencias han influido los problemas que se venían arrastrando en muchos centros y que se habían denunciado en repetidas ocasiones por los familiares de los residentes.

Hablo de la falta de personal y de medios. No voy a generalizar ni mucho menos, pero es el momento de cambiar totalmente el modelo. No pasa nada porque las residencias comiencen a reducir sus frondosos márgenes de beneficios. Si en lugar de embolsarse 8, facturan 4 y para ello tienen que hacer más contrataciones, comprar más recursos y mejorar las instalaciones, lo tendrán que hacer. No estamos hablando de una tienda de ropa ni de una discoteca. Hablamos de vidas humanas. De todos esos mayores que dieron su vida por nosotros y sacaron adelante un país. Al igual que ocurre con la sanidad y la educación, los criterios económicos y la rentabilidad son secundarios.

No soy muy amigo del intervencionismo, pero ha llegado el momento de que el Estado y las comunidades autónomas fiscalicen con detalle el trabajo de las residencias. Que se exijan protocolos claros y nítidos para que la atención a los mayores sea excepcional. No es complicado hacerlo. Solo hace falta exportar al ámbito privado el modelo de las residencias públicas. En Salamanca es suficiente ver con qué personal, vocación y medios trabajan en los centros de la Diputación. Ese es el ejemplo. Y repito. Si en lugar de ganar 8, se ganan 4, lo siento. La vida no es un negocio y, si no lo entienden, que monten un hotel. Lo que no es lógico es que cada residente pague verdaderas fortunas y, en algún caso, sus familiares tengan que comprar los pañales por su cuenta. Eso es una puñetera vergüenza. Y por eso todas las residencias privadas deben contar con una tutela o una intervención más profunda por parte de la Administración.