La caza de la zorra

¿Alguien puede aventurar qué partidos pactarán después de las próximas elecciones regionales? Después de lo vivido ayer es imposible. La maniobra política del PP para salvar lo perdido en los tribunales ha obligado al PSOE y a Ciudadanos a dar ese paso al frente porque no hacerlo supondría quedar en evidencia ante una sociedad cazadora que pediría explicaciones. Ahora a PSOE y a Ciudadanos les queda apelar a su sentido de Comunidad, que lo han demostrado también con ese acuerdo express, y aferrarse políticamente al recurso de la crítica al consejero de Medio Ambiente, al que los ecologistas le tienen tomada la medida.

De momento, lo que ha unido sobre el papel a los tres partidos de Castilla y León ha sido la defensa de una actividad económica vital, como es la caza; la necesidad de controlar poblaciones ya alarmantes, como la de jabalíes; y el gustazo de parar los pies al PACMA, el partido animalista que pretende iniciar la conquista de un “país sin caza” desde Castilla y León, con el trampolín de la jueza Ana María Martínez Olalla. ¿Y quién es esta jueza a la que la Federación de Caza se plantea denunciar por prevaricación? Especialista en temas medioambientales, ella ha sido el azote del Ayuntamiento de Valladolid y, por supuesto, de la Junta de Castilla y León. Se pronunció ahora por la suspensión del decreto que regula la conservación de especies cinegéticas, pero también lo hizo en 2017 sobre el mismo tema, y en 2018 con la impugnación de la Orden Anual de Caza. Su último auto no tiene desperdicio y si no llega a ser por la luz aportada del voto particular que formuló el magistrado Felipe Fresneda, hubiera sido para que Juan Carlos Suárez-Quiñones hiciera un Silvia Clemente, aunque sin cambiarse de partido.

Y es que la jueza con simpatías medioambientales suspende el decreto que regula la conservación de especies cinegéticas porque, según ella, la Consejería sigue sin presentar estudios científicos que avalen la caza y argumenta que los datos que aporta sobre población están desactualizados, mantiene que son de 2001 y 2005, y, para más castigo inmerecido a la Consejería y al reconocido autor del estudio científico, pone en duda que sean objetivos.

Afortunadamente existe el voto particular del juez, que pone en evidencia a la magistrada al señalar que, en contra de lo que dice ella, los datos presentados llegan incluso al 2017 y que es imposible disponer de este tipo de estadísticas cada año, además de defender la objetividad y validez del estudio en función de las fuentes utilizadas.

A la jueza no le vale nada. Si el estudio lo realiza directamente la Administración, mal; si lo encarga, también; si no lo realiza cada año, lo que económicamente es inviable, también. Desde el momento en el que Ana María Martínez Olalla parte de que la actividad de caza debe analizarse desde la conservación de la especie, cualquier informe sobra. Cuando dice que la conservación de la fauna silvestre es el interés más necesitado de protección, se acabó. Cuando tira por tierra los datos de la Junta que apuntan a que sin caza aumentaría la siniestralidad viaria, se pondría en riesgo la salud humana, la agricultura, la ganadería e incluso a determinadas especies, no hay nada más que decir. Para la jueza todo son pamplinas indemostrables. A los que vemos cada vez a más jabalíes cruzar por las carreteras nos asusta, igual que la proliferación de corzos, meloncillos, zorros y zorras.

Contra autos así sólo queda la magnífica jugada de las Cortes y copiar a la Fundación Artemisan, que ha conseguido ganar al PACMA en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias con el lobo. De momento parece que no hay otra.