Interrupción voluntaria del pacto

Por eso, la escandalera -una más- que ha armado el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, solo puede analizarse en clave política.

En pleno año electoral, al mozo no se le ha ocurrido nada mejor que airear en rueda de prensa un nuevo protocolo con medidas sanitarias que han bautizado “para el fomento de la natalidad y el apoyo de las familias”. Que sepamos, la Consejería de Sanidad no es de Vox, pero el chaval quería marcar paquete ante los suyos para que vieran quién manda en Castilla y León. “Si conseguimos salvar una única vida, todo habrá merecido la pena”, señaló afectado. Poco antes, explicó que a las gestantes de la región, además de las tres ecografías previstas, se les iba a dar la oportunidad de hacerse una primera ecografía entre la semana 6 y 9 para escuchar el latido cardiaco del feto y otra 4D en el último trimestre para verle claramente la cabeza, las manos y los pies (sic). Sin pararse a pensar si estas dos nuevas ecografías -sobre todo, la primera- son aconsejables médicamente, García-Gallardo pretende favorecer así la implicación emocional de la madre con el feto. Es decir, otra forma más de que las mujeres cuenten hasta diez antes de decidirse por abortar.

A partir de ahí, fuegos artificiales. El PSOE se rasga las vestiduras y considera que desde la Junta se está intentando coaccionar a las mujeres que desean interrumpir su embarazo y eso, lógicamente no se puede permitir. Y con un par, el Gobierno central ha enviado un requerimiento al Ejecutivo regional -una medida que no se tomaba desde hacía siete años- para que ni se le ocurra poner en marcha el nuevo protocolo que, por cierto, todavía no ha llegado a manos de los médicos. Los de Podemos incluso han apelado a imponer el artículo 155 a nuestra Comunidad. De locos. La izquierda ha encontrado el asunto perfecto para combatir el efecto Feijóo.

Y, mientras, el PP -que ha firmado las medidas fruto del acuerdo de gobierno suscrito con Vox para gobernar la región- intenta ponerse de perfil. Feijóo no quiere ni oír hablar del tema. Su jefe de campaña, Borja Sémper llegó a decir que su partido no estaba de acuerdo con la propuesta de Vox sobre el aborto. Ayuso ha calificado de “torpeza” la intervención de García-Gallardo. Y Mañueco ha intentado apagar el fuego, sin lograrlo, con una declaración institucional en la que asegura que la Junta no va a obligar a nada ni a médicos ni a embarazadas y que las medidas no son antiabortistas sino para el fomento de la natalidad, que Castilla y León está muy despoblada. Ya. Menudo marrón.

Así que, tras escuchar el latido del acuerdo de Gobierno entre el PP y Vox en Castilla y León, no sería extraño que a Mañueco le diera por ejercer su derecho a una interrupción voluntaria del pacto.