Hay que denunciar sin miedo

Los pacientes esperan horas y horas para volver a casa “aparcados” en una camilla en una sala de espera del servicio de Urgencias y en no pocas ocasiones sin comer, sin merendar y sin cenar y, a veces, sin la medicación que tienen prescrita. Urgencias no dispone de comida, por eso, aunque los trabajadores quieran prestar mayor atención, no pueden hacerlo.

He presenciado cómo ancianos solos de residencias se tiraban desde la mañana a la noche sin llevarse nada a la boca y cuando digo nada, es nada. Por supuesto, eximo de cualquier responsabilidad a los trabajadores del complejo asistencial, que no tienen ni un triste yogur en las neveras para darle a los mayores hasta que llegan a sus residencias.

Lo que ocurrió el viernes 5 de agosto, como denunció LA GACETA, no es una cosa puntual de un día con muchas fatalidades o de una confluencia de reveses. No. Debe de ser lo más habitual. Si fuera algo puntual, tendría un pase, pero no lo es. De hecho, son los propios trabajadores los que animan a los pacientes a denunciar, aunque con escaso éxito. Bien por miedo, por temor a represalias o por dejadez, prácticamente no se presentan reclamaciones y la empresa incumplidora se frota las manos porque no hay “prueba del delito”.

Los trabajadores son los que confirman que de las cinco ambulancias no urgentes que tendrían que trabajar en Salamanca, lo habitual es que estén operativas dos o en el mejor de los casos tres, nada de cinco como dice Sanidad, pero ellos tampoco van a delatar a la mano que les da de comer porque, como es lógico, estarían arriesgando su puesto de trabajo. Pero están hasta la peineta de dar la cara ante los quejosos usuarios sin poder delatar a los responsables.

Y como lo más normal es que todos los usuarios “nos indignemos” verbalmente, pero no presentemos ninguna queja o reclamación por escrito, tanto la Junta como la empresa concesionaria siempre podrán decir que no tienen constancia del deficiente servicio que se está prestando a los enfermos.

Testigos también de que no se está cumpliendo lo que estipula el acuerdo sanitario entre las partes son los trabajadores de las plantas del Hospital. Comprueban a diario que los pacientes se pueden tirar horas y horas con el “papelito” del alta en la mano sin que nadie los recoja para llevarlos a sus domicilios. El personal de la limpieza desespera porque no puede dejar preparada una habitación para el siguiente paciente antes de las tres de la tarde porque es extraño que se desocupe la cama por la mañana si el paciente es de traslado.

Vamos, que los usuarios dados de alta están ocupando una habitación, con el coste que supone para todos, por el mal servicio del transporte sanitario que se está prestando.

Además de la deficiente atención a los enfermos, que sería lo primordial, alguien debería calcular si los costes de la ocupación innecesaria de una cama son menores que ampliar el personal y los vehículos de transporte sanitario no urgente. El gasto medio de una cama del Hospital rondaba los 800 euros antes de la pandemia. La Covid lo encareció hasta los 947 euros de media. Que haga cuentas quien las tiene que hacer y que añada el perjuicio a los pacientes que esperan horas y horas y a los que dejan de ingresar porque su cama está ocupada por un usuario que debería de estar en su casa. Porque el dinero público sí tiene dueño, aunque alguno o alguna, como la exvicepresidenta Carmen, asegure que el dinero público no es de nadie.