De legislar en los despachos a aplicar en la calle puede abrirse un abismo. ¿Quién podría discrepar en una sociedad civilizada, por ejemplo, en el papel clave del consentimiento para la libertad sexual o en el derecho de los animales a ser tratados con dignidad? Pero más allá del incontestable postulado formal, varios textos normativos han llegado relucientes al BOE en los últimos tiempos y al abrirse el cascarón se han revelado engendros. Los traumáticos efectos colaterales de la Ley del Solo Sí es Sí son buena prueba, y la Ley de Bienestar Animal augura disfunciones y consecuencias indeseables. Pero el Gobierno tirada la piedra y esconde la mano, deja la legislación al albur de su devenir y se desentiende como quien abandona un hijo en el hospicio. El papel aguanta todo y luego no hay ajustes ni retoques ante la tozuda realidad. Y una ley percibida socialmente como injusta se cumple menos y de peor grado.
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Eso parece estar ocurriendo con la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda. Aunque su intención declarada, «facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a las personas que tienen dificultades (…) prestando especial atención a jóvenes y colectivos vulnerables», no suene controvertida, algunos de sus primeros resultados parecen situarse en las antípodas de lo pretendido.
Salamanca es ciudad universitaria por antonomasia. La masa estudiantil que alquila pisos supone una importantísima fuente de ingresos. Y si los estudiantes se asocian a estereotipos, no siempre justificados (fiestas ruidosas para el vecindario, poco cuidadosos…), la reciente Ley de Vivienda los convierte en una pera en dulce que cotiza al alza.
Sus contratos de arrendamiento habitualmente inferiores a 12 meses, aparente punto flaco para los dueños, ahora se trocan en ventaja, pues esa menor duración los sitúa fuera de la salvaguarda legal al inquilino en ámbitos que inquietan a los propietarios como el tope de subida anual de la renta, la limitación al desahucio o la prórroga en los procedimientos de lanzamiento. Un estudiante respaldado por sus padres raramente cae en impagos, no se eterniza en el piso y no hay peligro de okupación.
Por ello, muchos arrendadores buscan ahora expresamente estudiantes, lo que redundará en mejoras para el colectivo. La lamentable contrapartida es que la protección legal a las familias ha mutado en desamparo especialmente en casos más desfavorecidos con menores o migrantes, que ahora muchos propietarios rehúyen por inseguridad jurídica. O el Ejecutivo endereza esta deriva o errará su objetivo.
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