Referéndum

Es de primero de Democracia. Cualquier amnistía, le pongan el nombre que le pongan finalmente, incurre en la inconstitucionalidad por los tres flancos del Estado de Derecho: la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar las sentencias, la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la seguridad jurídica. Es más: el único sentido legal que parece tener esta bajada de pantalones constitucional que, no nos engañemos, se va a llevar a cabo sí o sí, es precisamente el de hacer de cuña sobre la que ejercer presión política y mediática para hacer saltar en pedazos la arquitectura del Estado y la misma Constitución, abriendo así paso a un proyecto federal. O similar, porque los términos concretos de la operación se van estableciendo sobre la marcha y como fruto de la oportunista improvisación. Este es el estado de la cuestión. Yo no soy capaz de explicarme cómo hemos llegado a este punto de emergencia nacional, pero una vez aquí, visto que el objetivo es la propia Constitución y que los grandes partidos políticos no son capaces de ponerse de acuerdo, lo suyo es que reivindiquemos un referéndum. Si nos van a cambiar la ley fundamental, ya sea a base de retorcerla o por vía de reforma, tenemos derecho a que se nos consulte, a toda España. Las Cortes no tienen competencia, no desde luego sin un refrendo generalizado que de ningún modo arrojó el resultado de las últimas elecciones. No hay comparación posible con la ley de amnistía de 1977, porque entonces no teníamos Constitución y por tanto no podía ser inconstitucional, pero incluso entonces fue refrendada aquella política de reconciliación, en la medida en que fue un medio para sacar adelante la Constitución española y que esta fue finalmente aprobada por el 87,78% de los votos en el referéndum celebrado el miércoles 6 de diciembre de 1978. Cuando «no es mentir, sino rectificar«, se convoca un referéndum, como hizo Felipe con la OTAN. En el actual proceso de reforma del Estado en el que estamos ya inmersos, está también indicada una votación popular con todas las de la ley. Tenemos derecho a que se someta a referéndum un proyecto en términos concretos y a que cada partido haga campaña por lo que le parezca antes de emitir nuestro voto. Tenemos derecho a que los cambios se expliquen en detalle y por anticipado. Tenemos derecho a votar, para que la forma de Estado no sea presa de intereses espurios y negociaciones bastardas en los despachos más indeseables, con apaños bajo la mesa y de espalda a los ciudadanos. ¿Quién recoge las firmas para pedir un referéndum? Si vamos a una amnistía o si vamos a una España federal, hay que hablarlo y hay que votarlo. No puede ser fruto del trapicheo entre ciertos partidos.