¿Y ahora qué hacemos?

Menudo papelón tienen las universidades con la convocatoria de elecciones generales anticipadas el día 23 de julio.

La bomba política ha estallado justo cuando las instituciones académicas estaban en pleno desarrollo de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario, conocida por todos como la LOSU, y todos los polémicos decretos que acompañan a la conflictiva norma. Numerosos cambios a todos los niveles que en gran medida ahora quedan en el aire. Y lo malo no es que la reforma de los departamentos se posponga, cuestión que beneficia a las instituciones académicas que estaban claramente en contra de los cambios planteados por el Ministerio de Universidades, sino que hay decisiones que ya estaban en marcha y que ahora quedan en suspenso y generan una gran incertidumbre entre la comunidad universitaria.

Un problema serio es el aumento de plazas en las facultades de Medicina. En el caso de Salamanca se acordó que el incremento para el próximo curso 2023-24 iba a ser del 15%, pasando de 180 a 207 plazas de ingreso en el primer curso del grado en Medicina. Eso sí, el compromiso estaba sujeto a una inyección económica por parte del Ministerio de Sanidad de varios millones para el conjunto del sistema universitario, lo que repercutiría en la correcta preparación de las instalaciones para el aumento de los alumnos y el desdoblamiento de los grupos, así como en la modernización de los simuladores con los que se forman los estudiantes. En definitiva, una gran inversión, así que no me extraña que en el pasado Consejo de Gobierno el decano José Carretero mostrara su preocupación por este tema, no es para menos, ya que si Sanidad paraliza el reparto de la partida económica acordada para repartir entre las facultades, se van a tener que «comer» una treintena más de alumnos sin recibir ninguna contraprestación.

El Estatuto del Estudiante y la polémica medida de que los alumnos coticen por las prácticas sean del tipo que sean o la implantación de la nueva Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) son cuestiones a las que también les afecta la situación. Menos mal que en el último caso, la ministra de Educación ya ha anunciado que se paraliza la implantación del nuevo examen que los rectores habían pedido que se pospusiera al menos hasta 2025.

Demasiadas incertidumbres. Los ministros debería aclarar qué va a pasar con todas estas cuestiones para tranquilizar a los numerosos afectados.

«Tenemos que ver qué es lo conveniente y natural, que podemos hacer sin forzar la máquina», dijo hace unos días el ministro de Universidades, Joan Subirats. ¡Vaya respuesta! ¿Dónde queda la seriedad que deben tener los miembros del Gobierno del país?

Con esta convocatoria adelantada, Pedro Sánchez demuestra que es de los que muere matando. Ha dejado a las universidades y sus normas en el limbo y a los españoles con el alma en vilo. ¡Pobres carteros y repartidores! En el mes de julio se van a hartar de llamar a los timbres para que les abran. El presidente nos quiere fastidiar el verano y ha actuado con irresponsabilidad, como lo ha hecho durante todo su mandato, buscando su propio beneficio.

Ojalá que el resultado de las elecciones generales en pleno mes de julio, estropeando las vacaciones a numerosos ciudadanos, privando a miles de españoles de disfrutar del puente de Santiago, sea positivo y, por fin, tengamos un Gobierno sensato, que actúe midiendo las consecuencias de sus actos y no buscando el rédito político.