Será difícil saber su nombre. Quizás a nadie le importe ya. Su vida y sus sueños acabaron en aguas del Mediterráneo, frente a la playa del Rafal, en Águilas. La mayoría de sus compañeros de patera corrieron mejor suerte y fueron rescatados por los Servicios de Emergencia. A otros todavía se les busca en el mar. Este individuo de nombre desconocido es la última víctima mortal fruto del goteo incesante de inmigrantes que llegan a las costas españolas. Ayer en Murcia, anteayer en Tenerife, hace tres días... Son tantos los dramas que traen consigo que dejan de ser noticia, se convierten en paisaje informativo que a pocos conmueve.
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Llegan en busca de una oportunidad que les abra el camino hacia una vida mejor. ¿Por qué negársela? Pero es tal su volumen que ningún estado occidental da con una solución a este problema, que se ha convertido ya en la principal preocupación de los españoles, según el CIS.
Hace unos días, LA GACETA desvelaba las intenciones del Gobierno de convertir la abandonada residencia de San Juan de Sahagún en un centro de acogida de inmigrantes para 448 personas. Al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones le urge contar con infraestructuras en las que pueda alojar, al menos provisionalmente, a la ingente cantidad de expatriados que llegan a nuestro país. De hecho, quería tener listo el edificio de la carretera de Aldealenga para que entrara en funcionamiento en mayo de este año. Y para ello ya había destinado casi 1,3 millones de euros porque el inmueble se encuentra muy deteriorado como consecuencia de los años, los robos y el vandalismo.
Las obras comenzaron a la chita callando hace unos días. A pesar del elevado importe de los trabajos, la empresa encargada de ellos solo presentó en el Ayuntamiento una declaración responsable. Y, claro, ahora el Consistorio las ha paralizado y exige más información sobre lo que se quiere hacer allí.
La Junta de Castilla y León, al enterarse por este periódico de lo que estaba haciendo el Gobierno central, envió una carta al Ministerio que dirige Elma Saiz para recordarle la nueva normativa regional, aprobada el pasado mes de noviembre, que impide abrir un centro de estas características sin previa autorización de la Comunidad. Esta orden se aprobó poco después de que se supiera que Pedro Sánchez quería convertir el aeropuerto de Ciudad Real en un centro para albergar hasta a 3.000 migrantes procedentes de Canarias. La norma, entre otras cosas, no permite albergues para más de 120 personas vulnerables, por lo que el centro salmantino tiene difícil su apertura tal y como está pensado.
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La noticia ha generado una gran inquietud y división en Puente Ladrillo, el barrio en el que se asienta la antigua residencia de mayores. Algunos quieren movilizarse porque consideran exagerado el número de inmigrantes que pretende acoger el centro y porque nadie les ha explicado cómo y cuándo se va a hacer. La asociación de vecinos Puentelave, por su parte, no quiere discursos alarmistas y que identifican inmigración con delincuencia.
Llegados a este punto, hay dos cuestiones muy claras. Quien promueve este tipo de centros debe ser muy transparente e informar a todas las administraciones sobre el proyecto. Estos días, he echado de menos una explicación de la subdelegada del Gobierno sobre este asunto. Y además son necesario consensos , en lugar de estériles polémicas, para resolver estas cuestiones. Todos los ciudadanos tienen derecho a mejorar sus condiciones de vida. Los que no tienen nombre, también.
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