Casas de citas

Me cuenta un familiar cercano que le acaban de llamar para hacer una sustitución en los juzgados de una capital de provincia que no les desvelaré. Me relata que un vecino suyo, que trabaja en la Administración de Justicia, le recomendó que si podía elegir, pidiera ejercer de administrativo en el Juzgado de lo Contencioso. «Allí, todos los funcionarios están contentos y ociosos», le explicó con sorna. Y, después de quince días, mi pariente puede dar fe de ello. «No es que mis compañeros no quieran trabajar -me dice-, es que no les dan trabajo...».

Puede que no sea esta la situación que se vive en muchas de las oficinas de la Administración central en Salamanca, pero lo parece. Porque no es ni medio normal que todavía, cuando se van a cumplir cinco años de la pandemia del coronavirus, se mantenga la cita previa para realizar determinados trámites.

Lo denunciaba este periódico en su edición de ayer. La Jefatura Provincial de Tráfico, la Oficina de Expedición del DNI, algunos servicios de la Oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la delegación de la Agencia Tributaria y, sobre todo, la Oficina de Extranjería mantienen las reservas previas obligatorias si quieres que te atiendan presencialmente en sus instalaciones. Cómo estará la situación en este último lugar, cuyos despachos se encuentran situados en la Subdelegación del Gobierno, que se venden y se compran citas previas a través de redes sociales. Evidentemente, se trata de anuncios fraudulentos que buscan aprovecharse de la desesperación de esos inmigrantes para los que tener los papeles en regla constituye su salvación.

Como aquel eterno chascarrillo funcionarial del «vuelva usted mañana», en todas estas oficinas todavía no han sido capaces de regresar a la «nueva normalidad» (¿se acuerdan de la expresión?). Y mantienen las citas, como esas indicaciones en negro y amarillo que pueblan los suelos de algunos negocios descuidados para indicarnos que debemos guardar distancias para no contagiarnos no sabemos de qué.

No creo que fuera porque el Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, haya reclamado en varias ocasiones la vuelta a la atención presencial sin ningún tipo de filtro forzoso. Pero el caso es que el exministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, se comprometió justo ahora hace un año a eliminar este molesto imperativo. Claro, desde que empezó a sonar su nombre para ser el nuevo gobernador del Banco de España superar esta coyuntura no debía estar entre sus prioridades. Y su sustituto en el ministerio, Óscar López, a nda más preocupado en cómo combatir a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid que en resolver los problemas que verdaderamente atañen a los ciudadanos. Y eso que no parece demasiado complicado volver a la situación previa a la pandemia.

Por falta de personal no será. Hay casi tres millones de funcionarios en España, el 17 por ciento aproximadamente de los trabajadores de este país. Y no es que estemos de recortes, no. Desde que Pedro Sánchez se aupó a la presidencia del Gobierno, el número de empleados públicos ha crecido un 15 por ciento nada menos. ¿Qué falta entonces? Voluntad política, es evidente. ¿Motivos? Los responsables políticos andan más preocupados por sus luchas de poder que en mejorar la vida de sus convecinos. Y los mandos intermedios de las administraciones, si no les llega la orden de arriba, pues «virgencita, virgencita, que me quede como estoy».

Y así andamos, que en ocasiones la administración parece una casa de citas; de citas previas, por supuesto.