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La política actual es miserable. El chantaje está a la orden del día y poco o nada importamos los ciudadanos. Solo interesan los votos y mantener el poder. Lo que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados es el mejor ejemplo de este sinsentido.
El Gobierno obligó a votar de manera conjunta medidas en las que todo el arco parlamentario está de acuerdo con otras que claramente cualquier partido de derechas no puede admitir. La lógica dice que se debería votar cada una de ellas por separado, sin embargo metemos en el mismo saco a todas y así montamos el quilombo.
En este país no hay día sin escándalo. La principal causa de que se haya tumbado la propuesta del Gobierno es vender la piel del oso antes de cazarlo. Han venido como éxitos exclusivos y propios la continuidad de las ayudas al transporte o la subida de las pensiones cuando en realidad se trata de un acuerdo de un conglomerado de fuerzas políticas que sostienen a un Gobierno caótico. Cuando Sánchez y su cuadrilla cedieron a los chantajes de Puigdemont no midieron las consecuencias, y una de ellas es esta, la de que los soberanistas catalanes llevan al extremo eso de que «cuanto peor, mejor». Junts está a punto de dinamitar la acción de Gobierno y si Moncloa no cede a nuevos chantajes se acabará el buen rollo y al presidente no le quedará más remedio que llamarnos a las urnas. Bastante ha durado la «entente cordiale» con el sanchismo.
En los medios de comunicación, PP y Vox han quedado como los culpables de que no haya salido adelante el decreto. Sin los malos de la película cuando lo único que han hecho es lo que hace la oposición habitualmente, que es votar sistemáticamente en contra de lo que propone el Gobierno. En lo que hay que poner la mirada es por qué Junts ahora vota en contra de una de las principales medidas de su socio, y lamentablemente todo huele a que se avecinan nuevos chantajes.
Todo el lío a quien más beneficia es al Partido Socialista. Ha conseguido que tumben las ayudas al transporte sin ser ellos los que la proponen y que se hable de la derecha española como la culpable de semejante merma de derechos. Quizás un buen puñado de medios olviden estos días los casos judiciales del hermano y la mujer de Sánchez, las andanzas de Koldo y Ábalos o no caigan en la cuenta de que una de las principales autoridades del país, el fiscal general del Estado, está siendo investigado por un juzgado. Dan una tregua a Ayuso y a su pareja a cambio de que el tsunami mediático no les arrolle.
El culebrón de las ayudas al transporte no ha acabado. Prácticamente no ha hecho más que empezar. Ahora el Gobierno tiene dos opciones. Si permite que la gente se vuelva a dejar la pasta en el bus y el tren hará campaña para culpar al PP de ello, y si de verdad quiere arreglar el desaguisado se erigirá como salvador llevando en solitario el decreto al Parlamento haciendo ver que no deja a nadie atrás.
El trilerismo político parece no tocar techo. Si la inteligencia que tienen en Moncloa para desviar la atención y hacer el mal a diario la dedicaran a la gestión del país seríamos una potencia europea. No hay duda. Pero claro, los que mandan en España están más pendientes de adoctrinar a la sociedad, de evitar el progreso real, de paralizar a las personas, y de hacerles dependientes de una mísera paga que de lograr una prosperidad económica y social.
Con estos bueyes hay que arar. Es complicado que este Gobierno aguante la legislatura, pero con Pedro Sánchez cualquier milagro es posible. Ni con la soga al cuello hay que dar por vencido a la mente más perversa que ha dado la política.
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