Los hombres del campo no son terroristas. Los que salieron ayer a colapsar las calles de las distintas ciudades de España no obedecen a grupos radicales vinculados a la extrema derecha, ni tampoco pertenecen o simpatizan todos con Vox por llevar la bandera de España, que nos representa a todos, incluso a los violentos Tsunami Democrátic o a los Comités de Defensa de la República (CDR) que el Gobierno quiere indultar después de haber actuado con agresividad y salvajismo cuando la ilegal declaración de independencia en Cataluña.
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El primero que debería presentar su dimisión de forma inmediata es el nuevo delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, que el pasado viernes se pasó de frenada y aseguró que las movilizaciones que se estaban llevando a cabo en la Comunidad en defensa del sector del campo estaban impulsadas a través de grupos de 'Whatsapp', en los que había «personas vinculadas con la extrema derecha» o eran de Vox.
Un representante del Gobierno tiene que ser más respetuoso con un sector que está sufriendo con descaro la inacción del Ejecutivo, aunque él no lo quiera reconocer porque peligraría su puesto de trabajo. Un sector que depende enormemente de las condiciones climatológicas que en un momento lo pueden dejar en la ruina y de las decisiones de unos señores que, desde Bruselas, escuchan más a los ecologistas de asfalto y a los animalistas de pacotilla que a los que llevan miles de años velando y conservando la naturaleza y preservando el campo generación tras generación.
Los hombres del campo, a los que está demonizando el señor Sen, seguramente un palmero más de Pedro Sánchez, fueron nuestra tabla de salvación cuando llegó la pandemia de la Covid, los que nos garantizaron y proporcionaron el alimento en una de las situaciones más críticas y difíciles que se ha vivido en el último siglo.
Sin embargo, ellos están recibiendo menos atención por parte de este Gobierno que los delincuentes huidos y que están viviendo a cuerpo de rey en Bruselas y menos dedicación que los prófugos de la justicia. Para ellos no hay leyes «ad doc» ni un fiscal general al servicio de quien manda. Y probablemente si cometieran actos delictivos o si violentaran la Constitución, irían a la cárcel y sin posibilidad de redención alguna.
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Y el campo y su gente son mucho más importantes que los que fomentan y apoyan el terrorismo en Cataluña o en cualquier parte de este país. Son fundamentales para alimentarnos y son necesarios para la economía.
El campo y sus trabajadores tampoco están pidiendo la luna. Piden simplemente poder vivir dignamente de él. Piden menos regulaciones y burocracia y poder dedicar su tiempo a su trabajo. Reclaman mayor determinación a la hora de defender sus intereses en Bruselas. Más ayudas para paliar la inflación y el alto coste de la producción y la derogación de algunas leyes que claramente no están redactadas por quienes trabajan y laboran la tierra, sino por quienes están en la ideología de la extrema izquierda.
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En definitiva, lo que quieren es de puro sentido común, aunque este Gobierno está más pendiente de atender la demanda de los delincuentes que de los que nos dan de comer.
Si los miles de agricultores y ganaderos que ayer tomaron las calles y carreteras españolas fueran necesarios para que Sánchez pudiera gobernar ahora mismo estarían solucionados todos sus problemas. Pero simplemente son necesarios para darnos de comer y para contribuir al desarrollo económico de este país .
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