El culpable eres tú

El 6 de noviembre de 2019, el candidato Pedro Sánchez declaraba en Radio Nacional: «Nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la justicia. Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad».

El pasado 20 de julio, en plena campaña electoral, afirmó en una entrevista en La Sexta que el independentismo «pedía la amnistía y pide un referéndum. No han tenido amnistía y no ha habido referéndum, ni lo habrá».

El exministro Salvador Illa, líder de los socialistas catalanes y uno de los negociadores de Sánchez con el independentismo, dijo el pasado 24 de julio, que «el PSOE no aceptará ni la amnistía ni la autodeterminación» y afirmó con contundencia que no negociarían con Puigdemont.

La exvicepresidenta del Gobierno y profesora experta en Derecho Constitucional, Carmen Calvo Poyato, ante la solicitud de amnistía de un independentista en 2021 en el Senado, defendió que «la única respuesta posible es que no es planteable en un estado constitucional democrático porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, el judicial».

Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior en funciones y magistrado con una amplia trayectoria, aseguraba en noviembre de 2019 que la amnistía «no está reconocida por el ordenamiento jurídico español. Todas las pretensiones que se formalicen tienen que ser en el marco de la Constitución y de la ley», aseguraba en contestación a un político de ERC.

El pasado 28 de octubre y ante la necesidad de votos de Pedro Sánchez para seguir como presidente del Gobierno, reunió a un comité ejecutivo hecho a su medida y defendió por primera vez públicamente borrar todos los delitos de los independentistas catalanes «por el interés de España y en defensa de la convivencia entre españoles».

Por increíble e inverosímil que parezca Pedro Sánchez había dado un giro de 180 grados sin que en Cataluña o en el resto de España hubiera cambiado nada y ante la complicidad de una panda de «vividores» y palmeros socialistas que dicen defender la igualdad y la solidaridad entre españoles.

Lo que hace unos pocos días estaba fuera de la Constitución, del ordenamiento jurídico y acababa con la separación de poderes, en palabras de la «constitucionalista» Carmen Calvo, ahora tiene cabida por «el bien de España».

Con esta hemeroteca, ¿qué socialista es capaz de sostener la mirada ante cualquier ciudadano que le exija una explicación? Solo aquellos que han perdido la dignidad, la vergüenza y que carecen de ética y moralidad son capaces de mirarnos a los ojos sin abochornarse.

No es baladí que todas las asociaciones de jueces, los fiscales y los abogados, es decir todos los sectores de la Justicia, denuncien al unísono por primera vez, que la ley para que Sánchez siga siendo presidente del Gobierno acaba con la separación de poderes y se inmiscuye claramente en el poder judicial. Sánchez empezó intentando controlar la Fiscalía y ahora pretende hacer lo mismo, si le dejan, con todo el poder judicial.

Los socialistas están tratando de ponerse la venda antes de la herida. Denuncian las manifestaciones ante sus sedes, que están siendo en general pacíficas. No defiendo este tipo de protestas, pero entiendo la impotencia de la sociedad ante semejante felonía y ante el descomunal engaño.

El deterioro democrático, institucional, la crispación y división social que estamos viviendo solo tienen un culpable: Pedro Sánchez y los que actúan como cómplices, también los diputados que respalden la traición en el Parlamento.